Los criterios de unificación
de jurisprudencia en materia
contencioso administrativa
Los criterios de unificación
de jurisprudencia en materia
contencioso administrativa
Angélica Vizcaíno Solano
Johana Barreto Montoya
Instituto Latinoamericano de Altos Estudios -ilae-
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© Angélica Vizcaíno Solano, 2017
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Editado en Colombia
Edited in Colombia
Tabla de contenido
Introducción
9
Capítulo primero
Antecedentes de las sentencias de unificación
en el sistema jurídico colombiano
13
Introducción
13
I.
Etapa preliminar
14
II. Primera Etapa: El precedente en el sistema jurídico
17
III. Segunda Etapa: Ratio decidendi y obiter dictum
24
IV. El precedente antes de la expedición del cpaca.
27
V. El ejercicio de la interpretación creadora de derecho
31
Capítulo segundo
La unificación de jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
39
Introducción
39
I.
Unificación de jurisprudencia
40
II. El recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia
44
III. La extensión de jurisprudencia
46
IV. Desarrollo de las fuentes del derecho en
Colombia para unificar jurisprudencia
50
Capítulo tercero
Criterios de unificación de jurisprudencia
53
Introducción
53
I.
Caracterización de criterio
53
II. Criterios formales y materiales en la institución
de la extensión de la jurisprudencia
54
7
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
III. Análisis de los criterios de las sentencias de
unificación proferidas por la Sección Tercera del C. E.
56
Capítulo cuarto
Fricciones entre la extensión de la jurisprudencia
y las sentencias de la Corte Constitucional
59
Conclusiones
63
Bibliografía
67
Las autoras
77
8
Introducción
Con la expedición de la Ley 1437 de 18 de enero de 20111, Código de
Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo -cpa-
ca-, se establecieron nuevas instituciones jurídicas que conforman una
serie de derechos, deberes y obligaciones de la administración, dispo-
nibles para ser consultadas por todos los ciudadanos y poder así hacer
efectivo el cumplimiento de sus derechos. Una de las instituciones ju-
rídicas que se planteó en el cpaca fue la extensión y unificación de la
jurisprudencia del Consejo Estado -C. E.-. Así pues, en el espacio que se
desarrolla en el artículo 271 de la citada ley, las providencias judiciales
proferidas por la mencionada corporación deben estar fundamentadas
en ciertos criterios.
Ahora bien, los criterios de unificación jurisprudencial del C. E. na-
cen de la aplicación de los principios presentes en el cpaca al estable-
cer el deber de los funcionarios públicos y las autoridades judiciales
administrativas de dar aplicación uniforme a las normas constitucio-
nales, legales y reglamentarias cuando se presenten situaciones con
los mismos presupuestos fácticos y jurídicos; así pues, la ley determina
que cuando a consideración del C. E. se presenten situaciones donde o
bien por importancia jurídica, trascendencia económica o social, o por
necesidad de sentar jurisprudencia o unificarla, éste podrá proferir
sentencias de unificación jurisprudencial.
En este escenario, resulta entonces pertinente preguntarse ¿cuáles
son los criterios utilizados por la Sección Tercera del C. Estado. para
proferir providencias de unificación, amén de las facultades otorgadas
a esta corporación por parte del cpaca?
1
Diario Oficial, n.º 47.956, de 18 de enero de 2011, disponible en [http://www.secretaria-
senado.gov.co/senado/basedoc/ley_1437_2011.html].
9
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
Acorde con la línea central de investigación de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad La Gran Colombia: “Derecho para la justicia, la
convivencia y la inclusión social” caracterizada por una reflexión pro-
funda sobre la dinámica de la relación del derecho y la sociedad, en el
desarrollo de una mejor convivencia para responder al desafío de la
inclusión social y la sub-línea de investigación denominada: “Derecho
constitucional, reforma de la administración de justicia y bloques de
constitucionalidad” desde donde se contempla el análisis de los cri-
terios que rigen el ejercicio de unificación jurisprudencial, entendido
como un proceso de transformación material del derecho que genera
un nuevo espacio de reforma tanto en el ámbito administrativo como
en el constitucional; con el ánimo estudiar la facultad interpretativa
de la norma inherente a los jueces de la República, se presenta este
proyecto de investigación cuyo eje central es el estudio de los criterios
que se tienen en cuenta para utilizar la institución de la unificación de
jurisprudencia.
Un problema central del derecho se refiere a la creación del pre-
cedente en los términos del cpaca, el cual constituye un instrumento
fundamental para que el fallador pueda proferir una posición uniforme
en cuanto a la forma de entender una norma aplicable; sin embargo, a
la luz de la interpretación que le ha dado la Sección Tercera del C. E. a
los criterios propuestos por el cpaca, se ha generado un vacío de tipo
conceptual y metodológico en la utilización de los mismos, teniendo
como resultado poca claridad sobre qué criterios se tienen en cuenta
al momento de unificar jurisprudencia, ya sea porque algunos temas se
unifican de manera repetitiva, mientras otros son dejados de lado sin
una justificación clara para no hacerlo. El cpaca determina que para
realizar la unificación no solo se tendrán en cuenta los criterios forma-
les descritos en el artículo 270 “… importancia jurídica, trascendencia
económica o social o por necesidad de unificar o sentar jurispruden-
cia”, sino que también podrá ser el resultado de una decisión mediante
el uso de los recursos extraordinarios dispuestos.
En lo que se refiere a los criterios antes descritos, éstos resultan
relativos, pues al no existir una parametrización que determine el re-
ferente explícito para la aplicación de cada uno de ellos, se genera un
amplio espectro de subjetividad. Así pues, la finalidad de este proyecto
radicó en la identificación de los criterios que utiliza la Sección Tercera
del C. E. para unificar sentencias y la necesidad de establecer un bloque
10
Introducción
de criterios que sean tenidos en cuenta para la subsunción de un caso
en el marco de ellos, así como identificar cuáles son los criterios que
llevan a las transformaciones normativas en el campo de la unificación
jurisprudencial, a través del reconocimiento del precedente, su evo-
lución histórica en Colombia y el impacto del mismo en el proceso de
constitucionalización del derecho, identificando las áreas de conflicto
y de vacío jurídico que se producen en este espacio para el caso colom-
biano.
11
Capítulo primero
Antecedentes de las sentencias de unificación
en el sistema jurídico colombiano
Introducción
Este primer capítulo pretende aterrizar el problema de investigación
planteado, señalando las transformaciones que se han presentado so-
bre la figura del precedente judicial en el caso colombiano.
Colombia se circunscribe en una tradición romano-germánica la
cual, según Diego López2
ha asumido que: i. Los jueces meramente aplican la ley, sin crearla. ii. Los
pronunciamientos judiciales son importantes para ilustrar las normas
positivas sólo cuando estas son oscuras o ambiguas. iii. La obligación judicial
de fallar conforme a derecho se cumple preferente o exclusivamente mediante
la obediencia a las reglas establecidas por el constituyente o legislador. iv. Los
jueces están “atados” a la ley pero son “independientes” frente a las sentencias
judiciales con las que se han fallado casos anteriores.
Sin embargo, en la evolución histórica del ejercicio del sistema judicial,
se ha visto cómo este sistema se ha trasformado levemente, acercán-
dose a ciertos preceptos del sistema del common law, entendido por
Torres y García3 como
2
Diego Eduardo López Medina. “El cambio dogmático-jurídico como respuesta al cambio
social: la labor del Consejo de Estado y de la Corte Constitucional en la reconsideración
del estatuto jurídico de los animales en Colombia”, en Alberto Plata Montaña y Andrés
Fernando Ospina Garzón (eds.). La constitucionalización del derecho administrativo. xv
Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, Bogotá, Externado, 2014, pp. 541 a
563.
3
Fermín Torres Zárate y Francisco García Martínez. “Common law: una reflexión
comparativa entre el sistema inglés y el sistema estadounidense”, en Alegatos, n.os 68 y
13
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
el sistema jurídico derivado del que se aplicó en la Inglaterra medieval y que
hoy en día es utilizado en gran parte de los territorios que tiene o tuvieron
influencia británica. Se caracteriza por cimentar su estructura jurídica más en
la jurisprudencia que en las leyes.
No se pretende decir que Colombia ha cambiado de manera radical
su sistema de fuentes, sino, en el entendido de que la ley es la fuente
principal del derecho en Colombia, la jurisprudencia ha cobrado una
gran importancia en la interpretación del sentido de las leyes y en la
adquisición de derechos por parte de los asociados. Así las cosas en
este capítulo se presenta la evolución histórica del precedente judicial
en cuatro etapas: la preliminar que surge con la expedición del Código
Civil de Andrés Bello4 hasta la promulgación de la Constitución de
1991, etapa a través de la cual el precedente empieza a cobrar impor-
tancia en Colombia; la segunda etapa en donde surgen los conceptos
de ratio decidendi y obiter dicta; la tercera etapa que circunscribe el
precedente antes de la expedición del cpaca; y por último, se hace un
análisis del ejercicio de la interpretación creadora del derecho desde
autores como Hans Kelsen, Ronald Dworkin, Robert Alexy y, para
el caso colombiano, Diego López.
I. Etapa preliminar
La jurisprudencia en Colombia ha sufrido varios cambios tanto en su
concepto como en su uso a modo de fuente auxiliar del derecho, en un
principio, cuando se adoptó el Código Civil de Bello, su concepto fue
determinante, para entonces no se le permitía al juez más que la mera
interpretación de la ley, sin considerar la costumbre como parte del
derecho a menos que la misma ley lo determinara. Sin embargo, hasta
la mitad del siglo xix la posición apática a la jurisprudencia fue redu-
ciéndose, lo que dio espacio a conceptos como jurisprudence constante
en Francia y doctrina legal en España, las cuales no buscaban el se-
guimiento obligatorio del fallo anterior, sino el sentido conceptual del
mismo, del cual no se podría apartar. Es así como en Europa empezó
99, enero-agosto de 2008, pp. 71 a 100, disponible en [https://diplojus.files.wordpress.
com/2015/03/68-05-3.pdf], p. 73.
4
Código Civil de la República de Chile, redactado por Andrés Bello y promulgado median-
te Ley de 14 de diciembre de 1855, durante el Gobierno del Presidente Manuel Montt.
14
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
a tener mayor relevancia la jurisprudencia y, motivados por los com-
pendios de Dalloz en Francia y Pantoja en España, para 1864 la ac-
tividad intelectual de los juristas colombianos advirtió la importancia
de la jurisprudencia para resolver los vacíos que existían en la ley; así
pues se expidió la Ley 61 de 25 de noviembre de 18865, cuyo artículo
36 establecía el recurso de casación, que tenía como objetivo unificar
jurisprudencia y reconocía la doctrina legal de manera implícita den-
tro de sus artículos 37 y 39.
En ese momento, el valor de la jurisprudencia en Colombia estaba
ligado a las múltiples funciones de la Corte Suprema de Justicia -csj-
(antes de 1991, tenía las funciones de la Corte Constitucional) entre
las cuales ostentaba la potestad de unificación jurisprudencial, casa-
ción y guarda de los derechos. Para 1887, se crea la Gaceta Judicial,
cuyo cimiento era la unidad y uniformidad de la justicia en respuesta
a la necesidad de proclamar la cohesión de la República como base de
reconstrucción nacional, mediante la búsqueda de la unificación de la
jurisprudencia, ordena a los tribunales del distrito respetar la doctrina
legal de la csj.
En ese mismo año, se promulga la Ley 153 de 15 de agosto6, cuya
finalidad era finiquitar las potestades absolutas de los Estados federa-
dos, pues ya existía un conjunto de leyes nacionales que debían regir
de manera general; a su vez, esta ley obligó a los jueces a utilizar la
doctrina probable siempre que existieran casos ambiguos o vacíos en
la ley. Es visto el precedente vertical el cual “presupone una organiza-
ción en la cual rige una jerarquía entre órganos judiciales, en la que los
inferiores están obligados a seguir los precedentes establecidos por
los superiores”7 de manera latente, pues los jueces debían hacer caso a
la doctrina probable interpuesta por la csj cuyo objetivo primordial era
limitar el poder judicial de los Estados federales, buscando la mayor
obediencia a la alta Corte.
5
Diario Oficial, n.os 6.881-6.882, de 5 de diciembre de 1886, disponible en [https://www.
cancilleria.gov.co/sites/default/files/Normograma/docs/ley_0061_1886.htm].
6
Diario Oficial, n.os 7.151-7.152, de 28 de agosto de 1887, disponible en [http://www.alcal-
diabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=15805].
7
Victoria Iturralde. “Precedente judicial”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad,
n.º
4, marzo-agosto de 2013, disponible en [http://eunomia.tirant.com/wp-content/
uploads/2013/03/13-Eunomia4_Iturralde.pdf], p. 196.
15
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
La Ley 105 de 24 de noviembre de 18908 en el artículo 383 obligaba
a la Corte a determinar de manera explícita la doctrina legal, la cual
tendría un carácter de inmodificable. Curiosamente, para 1892 la mis-
ma Corte empezó a criticar y limitar el concepto de doctrina legal, pues
aparentemente era muy difícil una identificación precisa al margen del
artículo 383. Por ello, la Corte manifiesta en ese momento que la juris-
prudencia debe existir como herramienta orientadora pero no podía
entenderse de ninguna forma como fuente formal del derecho.
Más adelante, el derecho colombiano adopta el concepto de doctri-
na probable consistente en tres decisiones dadas por la csj en Tribunal
de Casación sobre un mismo punto de derecho, consagrada por el ar-
tículo 4.º de la Ley 169 de 31 de diciembre de 18969, la cual buscaba
definir el valor real de la jurisprudencia dentro del sistema jurídico.
Artículo 4.º Tres decisiones uniformes dadas por la Corte Suprema como Tribunal
de Casación sobre un mismo punto de derecho, constituyen doctrina probable, y
los jueces podrán aplicarla en casos análogos, lo cual no obsta para que la Corte
varíe la doctrina en caso de que juzgue erróneas las decisiones anteriores.
Artículo declarado exequible por la Corte Constitucional mediante Sentencia
C-836 [de 9 de agosto] de 2001[10], siempre y cuando se entienda que la Corte
Suprema de Justicia -como juez de casación- y los demás jueces que conforman
la jurisdicción ordinaria, al apartarse de la doctrina probable dictada por
aquella, están obligados a exponer clara y razonadamente los fundamentos
jurídicos que justifican su decisión, en los términos de los numerales 14 a 24
de la presente Sentencia.
Como se puede observar, para el artículo 4.º de la Ley 169 de 1896,
era clara la obligación de tener en cuenta las decisiones reiteradas
tomadas por la Corte Suprema de Justicia, dándole gran importancia
a la seguridad jurídica que representaban las decisiones que estaban
marcando una línea de posibles resultados. Sin embargo, la exequibi-
lidad de la norma se presentó al aclarar que solo podría apartarse de
dicho precedente siempre que fuera razonablemente sustentado.
8
Diario Oficial, n.º 8.296, de 7 de enero de 1891, disponible en [http://www.icbf.gov.co/
cargues/avance/docs/ley_0105_1890.htm].
9
Diario Oficial, n.º 10.235, de 14 de enero de 1897, disponible en [http://www.alcaldiabo-
gota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=17755].
10 M. P.: Rodrigo Escobar Gil, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2001/C-836-01.htm].
16
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
Es decir, como se resaltó antes, la ley señalada fue luego declara-
da exequible mediante Sentencia C-836 de 2001, donde se reconoce
el valor de la jurisprudencia, al manifestar que los tres fallos unifor-
mes dados por la Corte Suprema de Justicia como Tribunal de Casación
sobre un mismo punto de derecho, constituirá doctrina probable, sin
embargo, los jueces tienen la potestad de aplicarla en los casos ambi-
guos, pero anota que la misma Corte podrá cambiar dicha doctrina de
acuerdo al caso que se juzgue de manera equivocada. Es así como se
adopta un sistema más libre de jurisprudencia.
II. Primera Etapa: El precedente en el sistema jurídico
La figura del precedente judicial, definida por Jorge Andrés Contreras
Calderón11 como una “norma jurídica de carácter general y abstracto
declarada o creada por los órganos judiciales en ejercicio de su función
jurisdiccional”, se divide en dos clases: el precedente judicial proferido
por los tribunales y juzgados de la jurisdicción ordinaria; y el prece-
dente judicial proferido por la Corte Constitucional -en adelante C. C.
Al referirse al precedente judicial creado por tribunales y jueces de
la jurisdicción ordinaria se hace referencia a la doctrina probable, véa-
se la Sentencia C-836 de 2001 ya citada:
La fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema proviene
(1) de la autoridad otorgada constitucionalmente al órgano encargado
de establecerla y de su función como órgano encargado de unificar la
jurisprudencia ordinaria; (2) de la obligación de los jueces de materializar la
igualdad frente a la ley y de igualdad de trato por parte de las autoridades; (3)
del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta
de las autoridades del Estado; (4) del carácter decantado de la interpretación
del ordenamiento jurídico que dicha autoridad ha construido, confrontándola
continuamente con la realidad social que pretende regular.
En el precitado pronunciamiento la Corte Constitucional, distingue la
doctrina legal de la doctrina probable siendo la primera un concep-
11 Jorge Andrés Contreras Calderón. “El precedente judicial en Colombia, un análisis
desde la teoría del derecho”, Revista Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, vol. 115,
n.º
41,
2011, disponible en
[https://revistas.upb.edu.co/index.php/derecho/article/
view/1068/965], p. 333.
17
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
to ulterior de la segunda, entendida como la interpretación de la csj
sobre una misma norma en tres decisiones uniformes y la segunda,
como la interpretación que realiza la misma corporación en función de
Tribunal de Casación, cuando ha reiterado sobre un mismo punto de
derecho en tres decisiones uniformes.
Ahora bien, cuando se señala el precedente creado por la Corte
Constitucional, la referencia obligatoria es con la Sentencia C-104 de
11 de marzo de 199312 por medio de la cual se comenzó a hablar de
igualdad ante la administración de justicia:
El artículo 229 de la Carta debe ser concordado con el artículo 13 ídem, de tal
manera que el derecho a “acceder” igualitariamente ante los jueces implica
no sólo la idéntica oportunidad de ingresar a los estrados judiciales sino
también el idéntico tratamiento que tiene derecho a recibirse por parte de
jueces y tribunales ante situaciones similares. Ya no basta que las personas
gocen de iguales derechos en las normas positivas ni que sean juzgadas por
los mismos órganos. Ahora se exige además que en la aplicación de la ley las
personas reciban un tratamiento igualitario. La igualdad en la aplicación de la
ley impone pues que un mismo órgano no pueda modificar arbitrariamente el
sentido de sus decisiones en casos sustancialmente iguales.
A su vez, este pronunciamiento comienza a determinar que toda sen-
tencia de constitucionalidad tiene carácter de aplicación forzosa, esto
es, que su parte resolutiva tiene efectos erga omnes. Para el resto de
providencias de las altas cortes su carácter es auxiliar, lo que denota
que los jueces pueden consultarlas para fundamentar sus decisiones
pero no son determinantes para las mismas y pueden apartarse de su
sentido si así lo desean. En cuanto a las sentencias de tutela, en su par-
te motiva la Sentencia T-260 de 20 de junio de 199513 se manifestó que
todos los jueces están obligados a aplicar las pautas impuestas por la
Corte Constitucional en su ejercicio de protector de los derechos fun-
damentales consignados en la Constitución Política, ya que el juez que
fallare en otro sentido no solo estaría contrariando un precedente es-
tablecido, sino que lo estaría haciendo contra la Constitución.
12 M. P.: Alejandro Martínez Caballero, disponible en [http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/1993/c-104-93.htm].
13 M. P.: José Gregorio Hernández Galindo, disponible en [http://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/relatoria/1995/T-260-95.htm].
18
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
Ahora bien, el artículo 23 del Decreto 2067 de 4 de septiembre de
199114 proponía una interpretación difusa acerca del precedente judi-
cial, manifestaba que la doctrina propuesta por la Corte Constitucional
dentro de sus fallos debía entenderse como criterio auxiliar obligato-
rio, a menos que esta fuera modificada por la misma Corte; sin em-
bargo, mediante Sentencia C-131 de 1.º de abril de 199315 se aclaró el
sentido de la norma por cuanto era incongruente hablar de un criterio
auxiliar pero obligatorio, es así como la Corte manifestó:
La sentencia de la Corte Constitucional es para un juez fuente obligatoria.
Únicamente una parte de sus sentencias posee el carácter de cosa juzgada.
Poseen tal carácter algunos apartes de las sentencias en forma explícita y
otros en forma implícita. Goza de cosa juzgada explícita la parte resolutiva de
las sentencias, por expresa disposición del artículo 243 de la Constitución y
goza de cosa juzgada implícita los conceptos de la parte motiva que guarden
una unidad de sentido con el dispositivo de la sentencia, de tal forma que
no se pueda entender éste sin la alusión a aquéllos. La parte motiva de una
sentencia de constitucionalidad tiene en principio el valor que la Constitución
le asigna a la doctrina en el inciso segundo del artículo 230: criterio auxiliar
-no obligatorio-, esto es, ella se considera obiter dicta. Distinta suerte corren
los fundamentos contenidos en las sentencias de la Corte Constitucional que
guarden relación directa con la parte resolutiva, así como los que la Corporación
misma indique, pues tales argumentos, en la medida en que tengan un nexo
causal con la parte resolutiva, son también obligatorios y, en esas condiciones,
deben ser observados por las autoridades y corrigen la jurisprudencia. La
ratio iuris se encuentra en la fuerza de la cosa juzgada implícita de la parte
motiva de las sentencias de la Corte Constitucional, que consiste en que esta
Corporación realiza en la parte motiva de sus fallos una confrontación de la
norma revisada con la totalidad de los preceptos de la Constitución Política. La
palabra “obligatorio” del artículo 23 del Decreto 2067 de 1991 se opone a los
artículos 241 y 230 de la Constitución.
Como se observa la jurisprudencia cobra un nuevo valor dentro de los
fallos de orden constitucional, sin embargo la misma Corte, dentro del
mismo fallo determina declarar inexequible la palabra “obligatorio”,
14 Por el cual se dicta el régimen procedimental de los juicios y actuaciones que deban surtir-
se ante la Corte Constitucional, Diario Oficial, n.º 40.012, de 4 de septiembre de 1991, dis-
ponible en
[http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto_2067_1991.
html].
15 M. P.: Alejandro Martínez Caballero, disponible en [http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/1993/c-131-93.htm].
19
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
dejando atrás la importancia que inicialmente se había dado a dichos
fallos. Esta sentencia al igual que la Sentencia C-113 de 25 de marzo de
199316, fundamentan la razón de ser de éstas, en la independencia ins-
titucional por parte de la Corte, pero aclaran que los fallos individual-
mente serían de carácter obligatorio siempre y cuando ellos mismos lo
exigieran o lo determinaran, pero no podrían entregar esa obligatorie-
dad a todos los fallos establecidos por la Corte.
Es así como los diferentes fallos de la Corte Constitucional (que tie-
nen efectos erga omnes) tendrán un efecto inter partes, así la norma no
podrá seguir siendo fuente formal del derecho mientras sea declarada
inconstitucional. Para terminar de reprimir el poder de la misma Corte,
se expidió el Decreto 2591 de 19 de noviembre de 199117 donde se re-
dujo el valor de los fallos de tutela a efectos simplemente inter partes,
mediante la revisión por parte de esta corporación.
Posteriormente, las sentencias C-083 de 1.º de marzo de 199518 y
T-123 de 21 de marzo de 199519 ofrecen un concepto más amplio de
la jurisprudencia como criterio auxiliar, enmarcándola como una cua-
lificación adicional teniendo en cuenta la verdadera interpretación del
alcance de dichos pronunciamientos, es decir, que la interpretación sea
solo una y no dé paso a otro tipo de interpretaciones, esto quiere decir
que si un juez tiene dudas sobre la aplicación de una ley, deberá acu-
dir a la jurisprudencia o a los pronunciamientos preestablecidos por la
misma Corte Constitucional frente al caso en concreto, de esta manera,
aunque la jurisprudencia se clasifica como un criterio auxiliar, en estos
casos será de carácter obligatorio.
El fallo de tutela mediante la Sentencia T-123 de 1995 citada, es otro
de los pronunciamientos básicos frente al valor de la jurisprudencia,
ya que con la introducción del concepto de “disciplina jurisprudencial”,
los fallos proferidos desde entonces no podrían hacer caso omiso ni a
16 M. P.: Jorge Arango Mejía, disponible en
[http://corteconstitucional.gov.co/
relatoria/1993/C-113-93.htm].
17 Por el cual se reglamenta la acción de tutela consagrada en el artículo 86 de la Constitución
Política, Diario Oficial, n.º 40.165, de 19 de noviembre de 1991, disponible en [http://
www.corteconstitucional.gov.co/lacorte/DECRETO%202591.php ].
18 M. P.: Carlos Gaviria Díaz, disponible en
[http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/1995/c-083-95.htm].
19 M. P.: Eduardo Cifuentes Muñoz, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/1995/T-123-95.htm].
20
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
la Constitución ni a la ley, ya que se trazaron los fundamentos para la
fijación de la doctrina del precedente constitucional, hablando de ju-
risprudencia constitucional integradora e interpretativa.
Dentro de las últimas sentencias se destaca la diferencia y concep-
tualización entre doctrina constitucional de acuerdo a lo normado en
el artículo 8.de la Ley 153 de 1887 y la Jurisprudencia constitucional
así: La doctrina constitucional se direcciona a la interpretación de ca-
sos dudosos, mientras que la unificación se encamina a los conceptos
resultantes de los vacíos de ley, todo lo anterior girando en torno a lo
establecido en el artículo 4.º de la Ley 153. En este sentido, es impor-
tante saber que la doctrina constitucional integradora es de carácter
obligatorio, mientras que la doctrina constitucional interpretativa al
igual que la jurisprudencia es de carácter auxiliar.
La Sentencia C-124 de 1.º de marzo de 201120, igualmente hacer re-
ferencia a la doctrina constitucional integradora, pero como integra-
ción de la unidad normativa que se desarrolla en aras de evitar un fallo
inocuo:
De acuerdo con la jurisprudencia constitucional, la integración de la unidad
normativa por parte de la Corte es un mecanismo excepcional, que opera “…
cuando ella es necesaria para evitar que un fallo sea inocuo, o cuando ella es
absolutamente indispensable para pronunciarse de fondo sobre un contenido
normativo que ha sido demandado en debida forma por un ciudadano”.
Aunado a lo anterior, la Corte ha sido clara en los dos escenarios en que
puede operar la integración de la unidad normativa: el primero, obe-
dece a los casos en que las proposiciones jurídicas que se demandan
no son de carácter autónomo, esto es, que carecen de lógica de análisis
formal o requieren que sean más completas con otras para que tenga
un análisis lógico formal; en el segundo escenario, encontramos que la
integración de la unidad normativa podrá ser aplicable cuando exista
una indivisibilidad con otros preceptos o textos de carácter legal y la
no aplicación de ésta restaría la razón de ser del fallo.
20 M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
RELATORIA/2011/C-124-11.htm].
21
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
Entonces, el carácter vinculante de las altas cortes, responde al
cumplimiento y necesidad de los principios del derecho y del Estado
constitucional, a los derechos fundamentales de igualdad y seguridad
jurídica, pero además de lo anterior, se debe tener en cuenta que al
momento de tomar la decisión, incorporen las fuentes formales y ma-
teriales del derecho, así mismo, que incorporen las reglas de argumen-
tación suficiente para evitar nuevas ambigüedades y vaguedades y por
supuesto, que se tengan en cuenta las demás decisiones ya adoptadas
frente al tema específico.
La primera etapa antes expuesta, determina no solo la necesidad de
otorgar la obligatoriedad al precedente, sino también la prohibición de
hacer un cambio de la línea decisional de manera arbitraria, tal como
lo concluye la Sentencia C-634 de 24 de agosto de 201121:
… que mientras no exista un cambio de legislación, persiste la obligación de
las autoridades públicas de respetar el precedente judicial de los máximos
tribunales, en todos los casos en que siga teniendo aplicación el principio o
regla jurisprudencial; (ix) que no puede existir un cambio de jurisprudencia
arbitrario, y que el cambio de jurisprudencia debe tener como fundamento
un cambio verdaderamente relevante de los presupuestos jurídicos,
sociales existentes y debe estar suficientemente argumentado a partir de
razonamientos que ponderen los bienes jurídicos protegidos en cada caso.
Así las cosas, las decisiones tomadas por los jueces deberán responder
a la sucesión de los criterios formales y materiales, además de la fun-
ción integradora del ordenamiento que dicta la Constitución Política.
La Sentencia C-621 de 30 de septiembre de 201522, en aras de ana-
lizar la exequibilidad del artículo 7.º de la Ley 1564 de 12 de julio de
201223, ha hecho un recuento de las distintas consideraciones frente a
la doctrina probable y los casos análogos y dejó claro que la Corte ha
reconocido la constitucionalidad de ésta y finalmente exhibió la obli-
gatoriedad de los jueces de acatarla, de lo contrario deberán presentar
21 M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
RELATORIA/2011/C-634-11.htm].
22 M. P.: Jorge Ignacio Pretelt Chaljub, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.
co/RELATORIA/2015/C-621-15.htm].
23 Diario Oficial, n.º 48.489, de 12 de julio de 2012, disponible en [http://www.secretariase-
nado.gov.co/senado/basedoc/ley_1564_2012.html].
22
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
justificación razonable, lo anterior atendiendo a evitar una decisión
caprichosa, arbitraria y contraria a la ley.
Artículo 7.º Legalidad. Los jueces, en sus providencias, están sometidos al
imperio de la ley. Deberán tener en cuenta, además, la equidad, la costumbre,
la jurisprudencia y la doctrina. (itálicas fuera del texto que señala la expresión
demandada).
Cuando el juez se aparte de la doctrina probable, estará obligado a exponer
clara y razonadamente los fundamentos jurídicos que justifican su decisión.
De la misma manera procederá cuando cambie de criterio en relación con sus
decisiones en casos análogos. (Itálicas fuera del texto para señalar el inciso
demandado).
El proceso deberá adelantarse en la forma establecida en la ley.
Mediante diferentes sentencias, la Corte ha establecido la importan-
cia de la argumentación que justifique el apartamiento de la doctrina
y que dé paso a una nueva decisión, siendo esta de igual modo con-
cordante con la ley y los principios constitucionales. En la Sentencia
C-335 de 16 de abril de 200824, la Corte decidió sobre la exequibilidad
del artículo 413 del Código Penal, reitera su consideración al entender
que la jurisprudencia tiene carácter vinculante por ser repetitiva, sus
consideraciones hacen hincapié a la coherencia con el sistema jurídico
y además representa seguridad jurídica.
Así mismo la Sentencia C-621 de 2015 ya citada trae a colación lo
dicho por la Corte en la Sentencia C-836 de 200125 explicando que:
como una interpretación adecuada del artículo 230 constitucional, debe darse
la sujeción de la actividad judicial al imperio de la ley, no puede entenderse en
términos reducidos como referida a la aplicación de la legislación en sentido
formal, sino que debe entenderse a la aplicación del conjunto de normas
constitucionales y legales, valores y objetivos, incluida la interpretación
jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, la cual conforma la
totalidad del ordenamiento jurídico, resaltando la intención del constituyente
de darle clara y expresa prevalencia a las normas constitucionales (art. 4.º
Superior) y con ella a la aplicación judicial directa de sus contenidos.
24 M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto, disponible en [http://www.corteconstitucional.
gov.co/relatoria/2008/c-335-08.htm].
25 Ver supra, nota n.º 12.
23
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
Aunado a lo anterior, esta sentencia llama la atención de la
jurisprudencia frente al sistema de fuente y señaló:
Con fundamento en la interpretación conjunta de los artículos 1.º, 13, 83 y
230 de la Constitución, la Corte ha dicho que el precedente judicial tiene una
posición especial en el sistema de fuentes, en atención a su relevancia para la
vigencia de un orden justo y la efectividad de los derechos y libertades de las
personas. Por ello existe una obligación prima facie de seguirlo y, en el caso
de que la autoridad judicial decida apartarse, debe ofrecer una justificación
suficiente.
Por todo lo anterior, queda claro el gran acercamiento que tomó el pre-
cedente al concepto español -inicialmente- y francés, que implicaría la
interpretación reiterada sobre un mismo punto de derecho, observan-
do un carácter legalista a diferencia de países que adoptan las decisio-
nes en atención a casos específicos como, es el ejemplo de países que
se encuentran bajo la common law.
III. Segunda Etapa: Ratio decidendi y obiter dictum
Haciendo un análisis juicioso del precedente judicial y las técnicas uti-
lizadas para el desarrollo del mismo, es importante saber que estas
técnicas responden en primera medida a la obediencia y la diferencia-
ción fáctica entre el caso nuevo y el precedente elegido para aplicar.
Como segunda regla o técnica de interpretación, desarrolla la caracte-
rización y diferenciación de la ratio decidendi y la obiter dictum.
Para entender el concepto de la ratio decidendi, la Corte Constitucio-
nal la considera determinada dentro de una sentencia constitucional
cuando:
i) La sola ratio constituye en sí misma una regla con un grado de especificidad
suficientemente claro, que permite resolver efectivamente si la norma juzgada
se ajusta o no a la Constitución. Lo que resulte ajeno a esa identificación
inmediata, no debe ser considerado como ratio del fallo; ii) La ratio es
asimilable al contenido de regla que implica, en sí misma, una autorización,
una prohibición o una orden derivada de la Constitución; y iii) La ratio
generalmente responde al problema jurídico que se plantea en el caso, y
se enuncia como una regla jurisprudencial que fija el sentido de la norma
constitucional, en la cual se basó la Corte para abordar dicho problema
jurídico. Esta Corporación ha indicado que la ratio decidendi sobre un tema
jurídico puede consolidarse “en una oportunidad posterior”, esto es, cuando
24
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
de manera reiterada se reafirma la regla del fallo inicial en otros casos. En
ese sentido, si bien la ratio de una sentencia surge de la sentencia misma, los
fallos posteriores de la Corte ofrecen los criterios autorizados para identificar
adecuadamente dicha ratio; de manera tal que le permiten al juez o quien
habrá de aplicar una sentencia, ser fiel a una interpretación constitucional
determinada26.
La ratio decidendi de las sentencias de la Corte Constitucional puede
considerarse como fuente del derecho que integra la norma consti-
tucional al momento de interpretar y dar aplicación a una sentencia
de igual o menor jerarquía. Lo anterior, entendido como obiter dicta
que no constituye precedente, y se refiere a aquellos argumentos ex-
puestos en las consideraciones de una sentencia que coadyuvan la de-
cisión principal, pero carecen de poder vinculante. La doctrina tradi-
cionalista hace referencia a la jurisprudencia como una fuente auxiliar,
resaltando que dentro de las fuentes del derecho es más importante
mantener una regla legislativa aplicable que una regla basada en la ju-
risprudencia, siendo esta última de carácter dudoso en su aplicación.
En este análisis de jurisprudencia no se reconoce el poder dinámico de
la misma y se observa la idea estática de la regla legislativa.
Cuando se hace referencia del precedente judicial, se debe saber
que siendo la Constitución y la ley los puntos de partida en la actividad
judicial, éstos deben desarrollarse de la mano de los principios gene-
rales del derecho y que dicha actividad judicial debe desarrollarse en
aras de preservar las garantías constitucionales, los derechos y -por
supuesto- las libertades de los individuos. Es así como los jueces están
sujetos a respetarlas, atendiendo a los fallos de casos análogos, de lo
contrario será obligación motivar su aislamiento.
Para 1991, el Ejecutivo intentó entregarle un poder más amplio a la
Corte frente al tema de precedentes, tenía -según el discurso- el plan
de que los jueces pudieran cumplir de manera más armoniosa y exacta
la labor social para la cual estaban nombrados y que la misión del juez
y el nuevo derecho básicamente debía estar encaminada al cumpli-
miento a cabalidad de sus deberes dentro de una manera más amplia
de movimiento dentro de sus facultades, sin embargo, esta empresa
fracasó, lo que llevó a que con posterioridad un grupo de reformistas
26 Sentencia T-292 de 6 de abril de 2006, M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa, disponible en
[http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2006/t-292-06.htm ].
25
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
en la Corte mediante la Sentencia C-083 de 199527, en atención a la de-
finición de doctrina constitucional, intentó extender de nuevo el poder
del precedente, pero esta vez en los fallos de tutela. Por lo anterior,
ante el descontento del Congreso, se expidió la Ley 270 de 7 de marzo
de 199628, Estatutaria de Administración de Justicia, que buscaba ali-
near con el tradicionalismo de fuentes a la Corte Constitucional con el
Poder Legislativo.
La Ley Estatutaria en su artículo 48 establecía:
Las sentencias proferidas en cumplimiento del control constitucional tienen el
siguiente efecto: 1. Las de la Corte Constitucional dictadas como resultado del
examen de las normas legales, ya sea por vía de acción, de revisión previa o con
motivo del control automático de constitucionalidad, solo serán de obligatorio
cumplimiento y de efecto erga omnes en su parte resolutiva. La parte motiva
constituirá criterio auxiliar para la actividad judicial y para la aplicación de
las normas de derecho en general. La interpretación que por vía de autoridad
hace el Congreso de la República tiene carácter obligatorio general. 2. Las
decisiones judiciales adoptadas en el ejercicio de la acción de tutela tienen
carácter obligatorio únicamente para las partes. Su motivación solo constituye
criterio auxiliar para la actividad de los jueces.
Sin embargo, más adelante fue declarado inexequible mediante
Sentencia C-037 de 5 de febrero de 199629.
Después, la Corte intenta de nuevo recobrar esa autonomía que le
había sido arrebatada, empuñando el principio de separación de po-
deres y autonomía judicial, que se distorsionó pues el efecto de las
sentencias proferidas por esta institución solo debía ser decidido por
ella misma. Ahora bien, el Congreso tampoco aceptaba plenamente las
decisiones expuestas por la Corte cuando hablaba de fallos condicio-
nados, pues de alguna manera sobrepasaba las facultades otorgadas
a ella, irrumpiendo en las funciones del Poder Legislativo. Lo dicho en
cuanto a que estos fallos ajuntaban un texto que tenía carácter obliga-
torio.
27 Ver supra, nota n.º 20.
28 Diario Oficial, n.º 42.745, de 15 de marzo de 1996, disponible en [http://www.secretaria-
senado.gov.co/senado/basedoc/ley_0270_1996.html].
29 M. P.: Vladimiro Naranjo Mesa, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
RELATORIA/1996/C-037-96.htm].
26
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
Por medio de la Sentencia T-175 de 8 de abril de 199730, la Corte
apoyo las sentencias C-083 de 199531 y C-037 de 199632, frente al valor
agregado del amplio espectro de las sentencias de la Corte. La nom-
brada sentencia, desarrolló una labor importante que consistía en la
revisión de un total de 253 fallos de tutela similares, los cuales fueron
revocados en su mayoría por violación a los derechos fundamentales,
luego esta sentencia paso a ser considerada como precedente consti-
tucional.
En conclusión, de acuerdo al balance constitucional entre los años
1991 y 1995, la jurisprudencia tenía un carácter meramente auxiliar y
no contenía fuerza vinculante, mientras que para los años 1995 y 2006
las sentencias obtienen el carácter vinculante como precedente para
casos futuros.
IV. El precedente antes de la expedición del cpaca.
Para 1999 y 2000, la Corte ratifica la línea jurisprudencial que venía
desarrollando, donde sus fallos tienen carácter de precedente y por lo
tanto deben ser acogidos. La Corte debió enfrentar una gran disputa y
reiterar mediante otras sentencias de unificación que la interpretación
tenía autoridad prevalente; en el caso del C. E., cualquier decisión con-
traria a lo dicho por la Corte configuraría incluso una vía de hecho. Es
claro para la Corte que el desarrollo de sus fallos y la doctrina utilizada
sí deben tener un carácter vinculante, puesto que solo puede obedecer
a la guarda de la Constitución y la prevalencia de los derechos funda-
mentales y principios constitucionales, por lo tanto, no puede existir
ningún fundamento contrario a esto, que finalmente es una de las fuen-
tes del derecho.
Ahora bien, mediante Sentencia T-068 de 28 de enero de 200033, la
Corte dio creación a las sentencia de unificación, ya que según la Cor-
poración, a pesar de que los fallos de tutela tenían efectos inter par-
30 M. P.: José Gregorio Hernández Galindo, disponible en [http://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/relatoria/1997/T-175-97.htm].
31 Ver supra, nota n.º 29.
32 Ver supra, nota n.º 31.
33 M. P.: José Gregorio Hernández Galindo, disponible en [http://www.corteconstitucio-
nal.gov.co/relatoria/2000/T-068-00.htm].
27
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
tes, era difícil prevenir que las diferentes salas de la Corte fallaran de
manera distinta por hechos similares, así las cosas, las sentencias de
unificación evitarían dichos problemas, la inseguridad jurídica y la vio-
lación al derecho a la igualdad. Un ejemplo de sentencia de unificación
es la SU-120 de 13 de febrero de 200334 que trataba sobre el pedido de
indexación de los montos a pagar por el concepto de mesadas pensio-
nales debidas a personas que, aunque antes habían cumplido las sema-
nas de cotización, no cumplían el requisito de edad para adquirirla. En
esta sentencia la Corte manifestó:
Lo antes expresado conduce a la Corte a rectificar su doctrina expuesta en
fallos de mayoría, citados por el juzgador ad quem, para dejar por sentado que
no es posible, jurídicamente hablando, indexar la primera mesada pensional
cuando el derecho se reconoce en la oportunidad indicada en la ley y el
empleador, obligado a su pago por no haberla sustituido en ninguna entidad
encargada del riesgo, no ha retardado su cancelación […] Para el efecto
consideró que la Sala de Casación Laboral de la H. Corte Suprema de Justicia
quebrantó el derecho a la igualdad de la tutelante, toda vez que, pese a que
ésta se encontraba en circunstancias similares a aquellas que dieron lugar a la
indexación de la primera mesada pensional de otros pensionados, se apartó de
su propio precedente y resolvió desfavorablemente las pretensiones de la actora.
Y asimismo adujo, que no se observa en la decisión razones que justifiquen
tal distinción […] En tales condiciones, y como arriba se señaló, teniendo en
cuenta que la Corte Suprema de Justicia había sentado doctrina en relación con
la indexación de la primera mesada pensional, con anterioridad a la sentencia
impugnada, y continuó haciéndolo con posterioridad y efectivamente, según
lo dicho por la accionante la Corte Constitucional y el Consejo de Estado
en algunas providencias se habían pronunciado de igual manera, esta Sala
considera que el irrespeto presentado en este caso a la doctrina laboral, ha
quebrantado el derecho a la igualdad de la accionante, quien encontrándose
en similares circunstancias que los actores de los procesos que originaron las
sentencias constitutivas de doctrina laboral (terminar de prestar sus servicios
al empleador con anterioridad a la vigencia de la Ley 100 de [23 de diciembre
de] 1993[35], y cumplir la edad del reconocimiento de pensión durante su
vigencia), obtuvo una decisión judicial abiertamente discriminatoria en la que
no se encuentra emitido criterio alguno jurídicamente razonable con el fin de
justificar el trato diferente que se dio a su caso, además de ser contraria a la
Constitución y a la ley como en párrafos anteriores se expuso.
34 M. P.: Álvaro Tafur Galvis, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/RELA-
TORIA/2003/SU120-03.htm].
35 Diario Oficial, n.º 41.148, de 23 de diciembre de 1993, disponible en [http://www.alcaldia-
bogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=5248].
28
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
Más que darle importancia a lo referente a la indexación de la mesa-
da pensional, lo que atañe a este proyecto es el manejo que la sentencia
de unificación da al precedente judicial, como se observa, dicha sen-
tencia ratificó lo dicho en la Sentencia 836 de 200136 frente al aparta-
miento por parte de los jueces de la doctrina probable.
Posteriormente, mediante sentencias como la T-1130 de 28 de no-
viembre de 200337 y la T-442 de 29 de abril de 200538 se hace énfasis
de nuevo en el valor que tiene el respeto por el precedente. Pues si
bien es cierto, no ha sido fácil la lucha para que el precedente tomara
estos últimos años el valor suficiente como para que fuera tenido en
cuenta, solo la Corte Constitucional influyó de manera determinante
para que el precedente cobrara un carácter vinculante, puesto que éste
se desprendía de los principios del derecho y de los mismos derechos
fundamentales.
Para 2001, Colombia experimentó un cambio, puesto que la Corte
fue sacudida por un número de remplazos de sus magistrados, por los
que se denominaron “la tercera Corte”, este cambio significó una ma-
duración para el precedente y la jurisprudencia constitucional, pues
mediante pronunciamientos como la Sentencia C-836 de 2001, la Cor-
te advierte sobre la constitucionalidad del artículo 4.º de la Ley 169
de 189639, reviviendo el debate sobre la vinculación del precedente no
solo de carácter constitucional, sino que extendido al análisis del pre-
cedente de manera general. Además, se les permitió tomar partida en
el tema de la doctrina del precedente, ya que dicho cambio a la tercera
Corte posiblemente podía afectar el balance constitucional que se ha-
bía desarrollado en Colombia. De forma ulterior, la Corte pasa a esta-
blecer que la norma debe interpretarse a la luz de la Constitución de
1991, razón por la cual no podía ser categorizada como inconstitucio-
nal, por el contrario, como ya se anotó, su aplicación e interpretación
van de la mano con el concepto contemporáneo de precedente.
36 Ver supra, nota n.º 12.
37 M. P.: Jaime Córdoba Triviño, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2003/T-1130-03.htm].
38 M. P.: Jaime Córdoba Triviño, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
relatoria/2005/T-442-05.htm].
39 Ver supra, nota n.º 11.
29
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
En 2002 se desarrolló la Ley de Reforma a la Justicia, que de alguna
manera tomó tintes de lo dispuesto en décadas pasadas. Esta reforma
buscaba hacer que los tópicos de precedente y jurisprudencia fueran
más limitados, además de tratar de mermar el poder obtenido por la
Corte Constitucional frente a los fallos de tutela y la misma jurispru-
dencia.
Como conclusión se tiene que el precedente es el conjunto de sen-
tencias anteriores al caso que se está llevando, que por su relación con
el problema jurídico que se va a resolver, son consideradas por el juez
o autoridad que tomará la decisión como criterio, apoyo o fundamento
de su decisión, según sea el caso. Ahora bien, ya se ha dicho que los
jueces no pueden apartarse del precedente si no motivan las razones
por las cuales lo hacen, específicamente, existen cinco casos concretos
para las altas cortes donde se da cabida para tal figura.
La primera se refiere al precedente vertical, consistente en la moti-
vación por cambio de la ley, pues como bien se sabe, la ley es dinámica
y va de la mano con la realidad social, por tal razón es que cuando un
precepto jurídico se declara inexequible o simplemente se desarrolla
una nueva ley, puede existir una o varias razones para que el juez haga
caso omiso a dicho precedente, el cual no podría aplicarse, pues no
existiría motivo y apartaría las razones de fondo que dieron origen al
mismo.
Como segunda razón, cabe resaltar que el juez podrá apartarse en
atención a los distintos cambios en la realidad social, política y econó-
mica relevante donde la ponderación de principios deja de cumplir su
eficacia con el precedente. Pero este cambio jurisprudencial debe estar
extensamente justificado.
El tercer caso posible para que un juez pueda apartarse del prece-
dente dictado por las altas cortes, consiste en la contradicción o impre-
cisión de la jurisprudencia en un caso concreto. Sería la misma Corte la
encargada de subsanar dicho caso, sin embargo y de no hacerlo, podrá
el juez interpretar y aplicar el precedente que considere sea más con-
veniente en aras de aplicar el derecho al caso en concreto, no obstan-
te, es importante que todos los criterios expuestos por las altas cortes
sean desmenuzados dentro del mismo fallo argumentando las razones
del apartamiento.
30
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
La cuarta causal de apartamiento del precedente se da dentro de
las mismas altas cortes, esto en atención a distintas transformaciones
sociales, políticas y jurídicas entre otras relevantes. Es decir, cuando la
doctrina siendo precisa en un momento determinado, no responde a
cambios sociales posteriores.
Por último, puede darse un apartamiento en razón a que la juris-
prudencia sea errónea en el sentido de ir en contravía de los valores y
principios fundamentales y por supuesto cuando existan cambios en
el ordenamiento jurídico que hagan perder la razón y eficacia de dicho
precedente.
V. El ejercicio de la interpretación creadora de derecho
Gracias a los aportes de Hans Kelsen, se puede establecer que los des-
tinatarios de una norma jurídica no son los ciudadanos, sino mas bien
el órgano judicial, quien se encarga de imponer la sanción al ciudadano
que incumpla determinada norma; señala Kelsen que esta norma jurí-
dica es una norma primaria definida como “la que establece la relación
entre el hecho ilícito y la sanción”40 y diferenciándola de la norma se-
cundaria siendo esta “la que prescribe la conducta que permite evitar
la sanción”41. Señala que
Paralelamente, la ciencia del derecho describe estas dos clases de normas
formulando reglas de derecho primarias o secundarias, pero una regla de
derecho secundaria es de hecho superflua, pues supone la existencia de una
regla de derecho primaria, sin la cual no tendría ninguna significación jurídica
y esta regla de derecho primaria contiene todos los elementos necesarios para
la descripción de la norma jurídica completa42.
Sin embargo, a pesar que en efecto es el órgano judicial quien da apli-
cación a las normas jurídicas, puede pensarse que Kelsen presunta-
mente fue errático al diferenciar norma primaria de norma secunda-
ria, quitándole el carácter coercitivo a la última ya que, siguiendo a
Contreras Calderón
40 Hans Kelsen. Teoría general del Estado, 2.ª ed., Luis Legaz Lacambra (trad.), México D. F.,
Guayacán, 2005, p. 66.
41 Ídem.
42 Ídem.
31
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
decir que las normas secundarias existen, pero que no son normas jurídicas
por sí mismas, significa sostener que la juridicidad de una norma depende,
por lo menos, de que el comportamiento contrario al previsto en ella conlleve
consecuencias atribuidas por la norma primaria, cuando en realidad la
juridicidad de una norma individual depende exclusivamente del hecho de
pertenecer a un sistema jurídico, por haber sido creada por quien dentro del
sistema tenía el poder jurídico de hacerlo. Y no hay duda de que las llamadas
normas secundarias, así como las primarias, pueden reunir esta cualidad43.
Ahora bien, siguiendo esta línea se entendería que las sentencias de
unificación, jurisprudencia reiterada sobre el mismo punto de dere-
cho proferida por la Corte Constitucional, las sentencias de constitu-
cionalidad e incluso las sentencias de tutela son un ejemplo de norma
secundaria; sin embargo, su aplicación se hace obligatoria no solo para
los tribunales y jueces que deben seguir las directrices trazadas por el
órgano de cierre de su jurisdicción, sino que también por todo aquel
que detente una actividad judicial, así pues “los sujetos del deber de
aplicar los precedentes no son sólo las personas que ejercen función
jurisdiccional; son todas las personas que en ejercicio de una función
pública deban tomar una decisión o emitir un concepto”44, como por
ejemplo, un centro de arbitraje o una superintendencia.
La Corte Constitucional en sentencia de constitucionalidad estable-
ció que el no cumplimiento de la norma secundaria, entendida desde
Kelsen, acarreará una sanción penal para los funcionarios públicos
(del órgano judicial o que tengan funciones jurisdiccionales) que no
motiven las razones por las cuales se apartan del precedente:
El delito de prevaricato por acción no se comete por una simple disconformidad
que se presente entre una providencia, resolución, dictamen o concepto
y la jurisprudencia proferida por las Altas Cortes, a menos que se trate de
un fallo de control de constitucionalidad de las leyes o de la jurisprudencia
sentada por aquéllas que comporte una infracción directa de preceptos
constitucionales, legales o de un acto administrativo de carácter general […]
Así las cosas, la Corte insiste en señalar que el delito de prevaricato por acción
se comete únicamente cuando los servidores públicos, incluidos los jueces de
la República, los miembros de las corporaciones públicas, los empleados y
trabajadores del Estado y de sus entidades descentralizadas territorialmente
43 Contreras Calderón. “El precedente judicial en Colombia, un análisis desde la teoría del
derecho”, cit., p. 348.
44 Ibíd., p. 350.
32
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
y por servicios, los miembros de la fuerza pública, los particulares que ejerzan
funciones públicas en forma permanente o transitoria, los funcionarios y
trabajadores del Banco de la República, los integrantes de la Comisión Nacional
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las personas que administren
los recursos de que trata el artículo 338 de la Constitución Política, emiten
resolución, dictamen o concepto que resulte ser manifiestamente contrario
a la Constitución, la ley o el acto administrativo de carácter general, en los
términos indicados de manera constante por la jurisprudencia de la Sala Penal
de la Corte Suprema de Justicia45.
La construcción de la norma secundaria se debe a un acto de interpre-
tación ejercido por los jueces de las altas cortes, por ejemplo Kelsen,
en su Teoría pura del derecho, contempla como valor fundamental
para la creación de derecho la interpretación. Para ello, propone mo-
delos interpretativos mediante métodos deductivos en la creación
del derecho. Pero aquella interpretación no puede ser realizada por
cualquier persona, sino que se requiere de un órgano competente y
legitimado que pueda darle una interpretación a la norma jurídica y
aplicarla a un hecho concreto y, de esa manera, crear derecho para una
acción en particular.
El hecho de la interpretación, para Kelsen, es un acto de conoci-
miento donde prevalece la voluntad, siendo de carácter cuantitativo
desde el punto de vista material, en donde la libertad del legislador
para interpretar sería mayor que la del juez. Según lo anterior, la in-
terpretación auténtica es el proceso volitivo mediante el cual el órgano
competente realiza en tránsito de una norma universal a una particu-
lar constituyéndose en un hecho generador de norma de derecho. A
ello se llega mediante el método científico-jurídico que le imprime al
ejercicio interpretativo el sentido unívoco de las normas jurídicas. Por
medio de su aplicación objetiva, al escoger una determinada interpre-
tación entre varias posibles, como la “única correcta”, fundamentada
en un análisis crítico de todos los significados posibles, proporciona un
efecto práctico que supera los criterios subjetivos e incluso políticos.
Ronald Dworkin sostiene desde su visión integral del derecho, que
una correcta interpretación debe ir de la mano del análisis de las deci-
siones políticas del pasado, como del texto a aplicar en sí mismo. Para
el caso concreto, no se puede inferir mediante someras interpretacio-
45 Sentencia C-335 de 2008, cit.
33
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
nes de hechos futuros sin observar los hechos pasados y dándole un
significado a la realidad, es decir, dándoles un valor desde la situación
práctica del presente.
Para ello, se apoya en la herramienta que resulta ser otro universo
del conocimiento que se dedica por entero a la interpretación de tex-
tos: la literatura, la interpretación jurídica y que tiende un puente en-
tre la obra literaria y la ley; se trata de la intención del artista por hacer
arte y la intención del legislador por hacer la mejor ley.
Las altas cortes ejercen en Colombia este ejercicio interpretativo
como lo señala Contreras Calderón,
la labor del intérprete, en este caso, se reduce a escoger -es decir, a declarar-,
cuál de todos los sentidos literales posibles y extraíbles de la disposición
constitucional, legal o administrativa es el aplicable para el caso concreto y
para los demás casos semejantes que se presenten hacia el futuro46.
Siguiendo a este autor, se reconoce que la labor interpretativa de las al-
tas cortes, al crear precedentes siguiendo los lineamientos establecidos
por Kelsen y Dworkin, en la mayoría de los casos, no son puramente
creación de derecho si no que “lo declara con carácter vinculante”47,
ahora bien, la excepción que haría al precedente creador de derecho se
generaría cuando en
el precedente judicial, so pretexto de interpretar la disposición, el juez se salga
claramente de los cauces establecidos por el tenor literal, a tal punto que su
interpretación desconozca y conlleve la eliminación de todos los sentidos posibles
del texto, el precedente constituirá un acto de creación del derecho, incluso cuando
su autor declare expresamente estar aplicando el texto normativo48.
Diego Eduardo López MedinA pone de manifiesto lo dicho por la Corte
Constitucional en relación al cumplimiento de los preceptos constitu-
cionales y la forma en que pueden ser protegidos o amparados por la
acción de tutela dentro del sistema jurídico colombiano de tendencia
neo-románica, pero ello no permite inferir que el juez -al dar protec-
ción de ciertos derechos a través de la acción de tutela- genere un sis-
46 Contreras Calderón. “El precedente judicial en Colombia, un análisis desde la teoría del
derecho”, cit., p. 357.
47 Ibíd., p. 358.
48 Ídem.
34
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
tema alterno de fuentes o que esté alterando la fuente ya existente aun
cuando sí genere derecho. En otras palabras, el juez genera derecho
pero no crea ley, pues su objetivo es darle aplicación a la misma obser-
vando la jurisprudencia relevante solo para fundamentar la norma que
es ambigua y así la obligación de fallar en derecho corresponde básica-
mente a la obediencia a la norma escrita, pues la capacidad creadora o
de interpretación del juez está limitada.
Ahora, el ejercicio de las altas cortes se encuentra validado por los
estudios de Robert Alexy quien considera que la argumentación juega
un papel crucial en la construcción de derecho. Considera Alexy que la
argumentación puede limitar o permitir de forma abierta la actividad
jurídica-normativa en atención a la percepción de la realidad, buscan-
do finalmente el origen, validez y límites de la misma, desde el pun-
to de vista analítico, normativo y, por supuesto, descriptivo. De igual
manera, es la argumentación la herramienta para superar los vacíos o
carencias del positivismo jurídico, de acuerdo a la dinámica social.
Ya en el plano de la argumentación jurídica, Alexy considera que
ésta es concebida desde el matiz racional, práctico-moral y jurídico,
donde la argumentación está subordinada a la ley, a los sistemas de
carácter formal, las operaciones lógicas y al precedente.
Alexy, comprende su teoría de la argumentación como “una actividad
lingüística” que busca la corrección de enunciados normativos haciendo
una distinción entre las justificaciones internas de las decisiones judicia-
les -como interpretación lógica que sigue los antecedentes- y las justifi-
caciones externas, como interpretación lógico-sistemáticas que busca la
corrección de las premisas a lo que llama finalmente “discurso”.
Es claro que la teoría de la argumentación de Alexy obedece a un
procedimiento el cual será el factor determinante para que un enuncia-
do jurídico sea correcto. Sin embargo, los procedimientos deben cum-
plir unos parámetros mínimos de análisis e interpretaciones elocuen-
tes, pero no se trata solo de reglas, sino de tipos de argumentos, “las
convicciones fácticas y normativas (así como sus intereses) pueden ser
modificadas en virtud de los argumentos presentados en el curso del
procedimiento”49 sin embargo, en muchos casos cuando la norma es
racional no es necesariamente correcta.
49 Robert Alexy. A theory of legal argumentation: the theory of rational discourse as theory
of legal justification, Ruth Adler y Neil MacCormick (trads.), Oxford, Oxford University
Press, 1989.
35
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
Es así que se presentan unas pautas del discurso compuestas por
reglas técnicas: como medios para lograr distintos fines; las reglas de
fundamentación empírica; la fundamentación definitoria, encargada
de analizar las reglas que definen un “juego de lenguaje”; por último,
como regla de discurso, se encuentra el fundamento pragmático funda-
mental o pragmático universal, que busca demostrar la validez de los
parámetros o reglas y está ajustada a la posibilidad de la comunicación
lingüística.
Es importante resaltar los argumentos interpretativos presentados
por Alexy y realizar un paralelo con el fin de determinar si aquellos uti-
lizados por el C. E. se encuentran enmarcados simplemente de forma
implícita o determinados de acuerdo a la clasificación. De lo contrario,
se entraría a divagar dentro de un conjunto de decisiones, adivinando
cuál es el verdadero argumento del legislador sin tener en cuenta que
los criterios usados dentro de un precepto deben tener un componente
claro, racional, sistemático en obediencia a las reglas de procedimiento
que permitan que las decisiones sean realmente correctas.
López Medina50 establece que se debe tener en cuenta la forma de
interpretación de las sentencias, haciendo un análisis juicioso del pre-
cedente judicial y las técnicas utilizadas para el desarrollo del mismo.
Dichas técnicas responden en primera medida a la obediencia y la di-
sanalogía o la diferenciación fáctica entre el caso nuevo y el precedente
elegido para aplicar. Como segunda regla o técnica de interpretación,
desarrolla la caracterización y diferenciación de la obiter dictum y la
ratio decidendi.
Esta última puede considerarse como fuente del derecho que inte-
gra la norma constitucional al momento de interpretar y dar aplicación
a una sentencia de igual o menor jerarquía. Es importante resaltar la
tesis tradicional y la tesis constructivista de López Medina en la que se
pregunta cuál es la forma en la que debe de leerse un sentencia, y selec-
cionar la ratio decidendi teniendo en cuenta que ésta será de carácter
vinculante con posterioridad.
Lo anterior en aras de hacer una línea diferenciadora con aquellos
argumentos expuestos en las consideraciones de una sentencia que
coadyuven la decisión principal, pero carecen de poder vinculante.
50 Diego Eduardo López Medina. El derecho de los jueces, Bogotá, Legis, 2006, pp. 8 y 115.
36
Antecedentes de las sentencias de unificación en el sistema jurídico...
Otro argumento legítimo para la interpretación de la jurisprudencia
que propone López Medina51, es estudiar la indeterminación de la ju-
risprudencia anterior y el cambio sujeto a la misma. No se centra el
problema de investigación en las técnicas ilegítimas de interpretación
como son la negación, la ignorancia y la desobediencia, sin embargo, es
importante tener en cuenta que solo podrá ser inaplicable el preceden-
te en los casos en los que no existe posibilidad de aplicar la analogía y
podrá el juez apartarse del mismo y hacer interpretación directa de los
textos constitucionales, basados en los principios del derecho.
Contrario es la obediencia que debe el juez, quien por regla general
debe aplicar la sub regla constitucional vigente al nuevo caso. El desa-
rrollo de dicha interpretación obliga a la identificación de la doctrina
constitucional vigente dentro de la línea de precedentes dándole la po-
sibilidad de apartarse de dichos precedentes siempre y cuando cuente
con una argumentación o justificación adecuada. Por lo anterior, López
Medina52 describe la necesidad de proponer un manejo estructurado
de la jurisprudencia y, al mismo tiempo, presenta los tipos de interpre-
tación jurisprudencial donde la ratio se encuentra en enunciados y ar-
gumentos expresos, es decir, de carácter formal que hace el juez preli-
minar y que por ello se encuentran fácilmente en la primera sentencia.
En el segundo enunciado, se encuentra la tesis constructivista don-
de la ratio no está determinada en forma manifiesta y depende de un
análisis anterior de la sentencia por parte del juez que decidirá el nue-
vo caso. La importancia de diferenciar entre las dos interpretaciones
es la vinculación entre los hechos del caso y su relación con la decisión.
Estas dos concepciones son contrapuestas entendiendo que la inter-
pretación formal depende de la forma tradicional de la lectura de la
sentencia en donde el resultado se asimila a la ley y los administrado-
res de justicia simplemente hacen un análisis de extractos de la misma.
Los jueces -aunque están atados a la ley- son independientes frente a
las sentencias falladas antes, esto observando que la jurisprudencia ha
sido considerada una fuente secundaria que solo operaría en los casos
de silencio o vacío de la fuente primaria.
51 Ídem.
52 Ídem.
37
Capítulo segundo
La unificación de jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
Introducción
Este capítulo tiene la finalidad de categorizar la institución de unifica-
ción de sentencias contenida en el cpaca, pues como señala Augusto
Hernández Becerra53, esta figura es “un práctico sistema de reglas,
que convierte a la jurisprudencia en guía segura para que el Estado dé
a los ciudadanos un trato más igualitario y justo”.
Este análisis resulta pertinente al objetivo de la investigación ya que
delimita el campo de acción y los diferentes instrumentos que permi-
ten activar la facultad de unificación de sentencias por parte del C. E.;
así pues, se presenta la institución, las causales para activarla, en es-
pecial el recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia y se
enuncia una breve categorización del mecanismo de extensión de ju-
risprudencia creado también en el cpaca, cuya funcionalidad resulta
importante a la luz de la unificación de jurisprudencia como la concibe
el código y resuelve la incógnita sobre si es posible activar este meca-
nismo con sentencias unificadas antes de la expedición del Código y
finalmente, se hace una observación sobre las transformaciones de las
fuentes del derecho desde esta institución.
53 Augusto Hernández Becerra. “La jurisprudencia en el nuevo código”, en William Zam-
brano Cetina (coord.). Seminario Internacional de presentación del nuevo Código de Pro-
cedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 de 2011, Bogotá,
Consejo de Estado, 2011, disponible en [http://www.cej.org.co/observatoriocpayca/in-
dex.php/importantes/cat_view/1-documentos-de-interes?limit=5&limitstart=0&order=
hits&dir=DESC], p. 235.
39
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
I. Unificación de jurisprudencia
Ya en 1993, la Corte Constitucional presentaba la figura de la unifica-
ción de las sentencias como la solución a los problemas de inseguridad
jurídica que pudieran generar varias interpretaciones de una misma
ley por parte de diferentes jueces:
Pues bien, ¿cómo se logra entonces la unidad de un ordenamiento jurídico?
La respuesta es clara. Mediante la unificación de jurisprudencia. En efecto,
si cada juez, al momento de interpretar la ley, le confiere en sus sentencias
un sentido diferente a una misma norma, sin que el propio ordenamiento
consagre mecanismos orientados a tal unificación, habrá caos, inestabilidad
e inseguridad jurídica. Las personas no podrían saber, en un momento dado,
cuál es el derecho que rige en un país. Luego es indispensable para el normal
funcionamiento del sistema jurídico jerárquico y único el establecimiento de
mecanismos que permitan conferirle uniformidad a la jurisprudencia54.
Después en Sentencia C-836 de 2001 ya citada, la Corte señaló la im-
portancia de que los juzgados y tribunales siguieran las decisiones que
la cabeza de jurisdicción -organismo de cierre- tomara en lo referente
a casos que ya habían sido decididos y fueran análogos.
Debido a la ineficacia de la regla que proponía que “tres decisiones
uniformes dadas por la csj como tribunal de casación, sobre un mis-
mo punto de derecho” constituyeran doctrina probable, la Ley de Des-
congestión Judicial55 propuso en su artículo 114 el deber de seguir el
precedente judicial configurado por un alto tribunal administrativo u
ordinario con cinco sentencias uniformes que versaran sobre el mismo
punto de derecho.
Con el cpaca, se colocó en términos legales lo que ya había sido crea-
do como norma secundaria por las altas cortes, en especial la Constitu-
cional; la unificación de sentencias es definida entonces, por el artículo
270 de la citada ley así:
Artículo 270. Sentencias de Unificación Jurisprudencial. Para los efectos de
este Código se tendrán como sentencias de unificación jurisprudencial las
54 Sentencia C-104 de 1993, ver supra, nota n.º 14.
55 Ley 1395 de 12 de julio de 2010, Por la cual se adoptan medidas en materia de desconges-
tión judicial, Diario Oficial, n.º 47.768, de 12 de julio de 2010, disponible en [http://www.
secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1395_2010.html].
40
La unificación jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
que profiera o haya proferido el Consejo de Estado por importancia jurídica
o trascendencia económica o social o por necesidad de unificar o sentar
jurisprudencia; las proferidas al decidir los recursos extraordinarios y las
relativas al mecanismo eventual de revisión previsto en el artículo 36A de la
Ley 270 de 1996[56], adicionado por el artículo 11 de la Ley 1285 de [22 de
enero de] 2009[57].
Del artículo precedente se puede extractar que las sentencias de uni-
ficación proferidas por el C. E. surgen por las siguientes razones: 1.ª
Las expedidas por importancia jurídica o trascendencia económica o
social o por necesidad de unificar o sentar jurisprudencia, esta última
tiene que ser expresa, como lo dicta el artículo 271 del cpaca; 2.ª Las
proferidas al decidir los recursos extraordinarios de revisión regulado
por los artículos 248 a 255 del cpaca y el de unificación de jurispru-
dencia desarrollado desde el artículo 256 del mismo Código; y 3.ª Las
relativas al mecanismo eventual de revisión de acciones populares y de
grupo desarrolladas en el artículo 272 y subsiguientes del cpaca, cuya
finalidad es endurecer la función de la unificación de jurisprudencia
del Consejo de Estado y el respeto por el precedente horizontal y ver-
tical; se activa contra sentencias de los tribunales no susceptibles de
recursos, cuando existan interpretaciones opuestas entre tribunales o
cuando se produce apartamiento de una sentencia de unificación o de
jurisprudencia reiterada del Consejo de Estado.
Ahora bien, la Corte ya ha señalado mediante jurisprudencias que
todos los órganos de cierre son los encargados de unificar jurispru-
dencia:
Cabe recordar que la función unificadora de la jurisprudencia no está reservada
en exclusiva a las cortes de casación, sino que por su naturaleza es inherente
a los tribunales supremos y en general a los jueces que tienen asignada una
función de órgano de cierre para poner fin a las controversias en su respectiva
jurisdicción58.
56 Ver supra, nota n.º 30.
57 Por medio de la cual se reforma la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de
Justicia, Diario Oficial, n.º 47.240, de 22 de enero de 2009, disponible en [http://www.
alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=34710].
58 Sentencia C-713 de 15 de julio de 2008, M. P.: Clara Inés Vargas Hernández, disponible
en [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/C-713-08.htm ].
41
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
Sin embargo se genera una pregunta, en lo que atañe al ámbito de
la jurisdicción administrativa, ¿las sentencias de unificación pueden
ser proferidas por las Secciones del C. E. o solamente por la Sala Plena
del mismo? En una lectura literal del artículo 270 se entendería que
solo el C. E. en su Sala Plena podría emitir sentencias de unificación en
concordancia con el artículo 237 de la Carta Política que le confiere el
título de tribunal supremo, en otras palabras, el órgano de cierre de la
jurisdicción administrativa.
Sin embargo el C. E., Sala de Consulta y de Servicio Civil, emitió un
concepto mediante el cual señala que tanto la Sala Plena como cada
una de las Secciones del C. E. están facultadas para proferir sentencias
de unificación:
Si se mira la normatividad vigente antes de esa ley, se encuentra que la
unificación jurisprudencial era efectuada por la Sala Plena Contenciosa
del Consejo de Estado, a la que correspondía: “4. Resolver los recursos
extraordinarios de revisión y de súplica” […] 5. Resolver los asuntos que le
remitían la secciones por su importancia jurídica o trascendencia social” […] 6.
Conocer los procesos que le remitían las secciones para cambiar o reformar la
jurisprudencia de la Corporación” presentados contra las sentencias dictadas
por la secciones y subsecciones de la corporación59.
También las secciones de la corporación venían cumpliendo esta función,
especialmente las que estaban divididas en subsecciones, a las cuales el
Reglamento del Consejo de Estado, expedido con base en el numeral 6 del
artículo 237 de la Constitución Política y en el numeral 8 del artículo 35 de
la Ley Estatutaria de Administración de Justicia, les atribuyó expresamente la
tarea de unificar jurisprudencia en los asuntos a su cargo60.
59 Artículo 97 del Decreto 01 de 2 de enero de 1984, “por el cual se reforma el Código Con-
tencioso Administrativo”, Diario Oficial, n.º 36.439, de 10 de enero de 1984, disponible
en [http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=6543 ], modificado y
adicionado por el artículo 33 de la Ley 446 de 7 de julio de 1998, “por la cual se adoptan
como legislación permanente algunas normas del Decreto 2651 de 1991, se modifican
algunas del Código de Procedimiento Civil, se derogan otras de la Ley 23 de 1991 y del
Decreto 2279 de 1989, se modifican y expiden normas del Código Contencioso Adminis-
trativo y se dictan otras disposiciones sobre descongestión, eficiencia y acceso a la justicia”,
Diario Oficial, n.º 43.335, de 8 de julio de 1998, disponible en [https://www.oas.org/dil/
esp/Ley_446_de_1998_Colombia.pdf].
60 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil, 2013, cit.
42
La unificación jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
Para la muestra, la Sección Tercera del C. E. está facultada para unifi-
car jurisprudencia por mandato expreso del Reglamento de dicha cor-
poración61:
Artículo 14 B: Competencia de cada subsección. Cada subsección decidirá
los procesos a su cargo en forma autónoma. Sin embargo, las Subsecciones
sesionarán conjuntamente:
[...]
3. Para unificar, adoptar o modificar
jurisprudencia de la Sección, con el fin de evitar decisiones contradictorias
sobre el mismo punto de derecho, cuando así lo decida la Sección a petición de
cualquiera de sus miembros.
Se concluye entonces que el mecanismo de unificación de jurispru-
dencia existía antes de la promulgación del cpaca, que en materia de
derecho administrativo tanto el C. E. en pleno como cualquiera de sus
secciones puede realizar la unificación de jurisprudencia y que la pre-
citada ley lo que hizo fue crear mecanismos para facilitar la unificación
de sentencias tal como lo señala el Concejo de Estado en su concepto
del 10 de diciembre de 2013:
La Ley 1437 de 2011[62] reforzó el valor de las sentencias de unificación a
través de varios mecanismos de activación judicial y administrativa de sus
efectos, así: 1. Deben ser tenidas en cuenta por la Administración al resolver
las actuaciones administrativas, con el fin de garantizar la aplicación uniforme
de las normas constitucionales y legales aplicables al caso (art. 10. º); 2. Con
el mecanismo de extensión (arts. 102 y 269); 3. Su desconocimiento por los
Tribunales Administrativos en sentencias de segunda o única instancia es
causal de recurso extraordinario de unificación de jurisprudencia (arts. 256
y ss.); 4. Su desconocimiento por los Tribunales Administrativos también es
causal para solicitar la revisión de acciones populares o de grupo (arts. 272 y
ss.); 5. La necesidad de expedir una sentencia de unificación jurisprudencial
permite que la Sala Plena del Concejo de Estado asuma competencia de asuntos
pendientes de fallo en las Secciones que la componen y a estas últimas que lo
hagan en relación con los asuntos pendientes de fallo en sus subsecciones o en
los tribunales administrativos (art. 271); 6. Deben ser tenidas en cuenta por
las autoridades administrativas para las conciliaciones y así lo debe advertir a
ellas el Ministerio Público (art. 302, párr.).
61 Acuerdo 58 de 15 de septiembre de 1999, Diario Oficial, n.º 43.753, de 23 de octubre
de 1999, disponible en [http://www.minjusticia.gov.co/portals/0/MJD/docs/acuerdo_
cdeestado_ae058_99.htm].
62 Ver supra, nota n.º 3.
43
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
Así pues, la institución de unificación de sentencias en sede admi-
nistrativa se convierte en un eje central para la protección de derechos,
como lo señala el mismo C. E.
Las sentencias de unificación adquieren un estatus particular que produce
efectos en la propia jurisdicción, pues activan el recurso extraordinario de
unificación de jurisprudencia, la revisión eventual de las acciones populares y
de grupo y el traslado de asuntos pendientes de fallo a la Sala Plena del Consejo
de Estado o de cada una de sus secciones. También generan consecuencias
frente a la administración, que está obligada a tenerlas en cuenta para decidir
casos iguales, para extender sus efectos a los ciudadanos que lo soliciten y se
encuentren en los mismos supuestos fácticos y jurídicos y para presentarse en
los escenarios de conciliación en los que sea citada63.
II. El recurso extraordinario de unificación de
jurisprudencia
Dentro de las diferentes causales que exhortan al C. E. para hacer uso
de la unificación de jurisprudencia a la luz del cpaca, se creó, en este
Código un nuevo recurso extraordinario de unificación de jurispruden-
cia, ya que en la práctica del litigio contencioso-administrativo
varios asuntos que conocía el Consejo de Estado en segunda instancia pasaron
a ser de conocimiento en último grado de los tribunales, situación que impuso
la necesidad de crear un mecanismo jurídico, como el recurso extraordinario
de unificación de jurisprudencia, para evitar la disparidad de criterios64.
Este recurso se encuentra del artículo 256 al 268 del cpaca, su finali-
dad según el artículo 256 es
63 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 2013-00019: “Así las cosas, es claro que este
sistema del precedente jurisprudencial propuesto en la Ley 1437 de 2011, bajo sus previ-
siones, que irradia la actividad administrativa y judicial, contribuirá por la realización de la
justicia material y propugnará por una seguridad jurídica real, expresada en la certeza de los
asociados de que sus autoridades actuarán en pro de sus garantías, derechos y libertades,
siendo la igualdad y la confianza legítima, los pilares fundamentales de esta doctrina”.
64 Álvaro Námen Vargas. “Alcances del nuevo Código de Procedimiento administrativo y de
lo Contencioso Administrativo Ley 1437”, en Aproximación a la historia de una década de
trasformaciones de la justicia colombiana, Bogotá, usaid et al., 2013, pp. 107 a 144, dis-
ponible en
[http://www.cej.org.co/seguimientoreforma/files/2014/Aproximación%20
a%20una%20década%20de%20transformaciones%20de%20la%20justicia%20colom-
biana.pdf], p. 137.
44
La unificación jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
Asegurar la unidad de la interpretación del derecho, su aplicación uniforme
y garantizar los derechos de las partes y de los terceros que resulten
perjudicados con la providencia recurrida y, cuando fuere del caso, reparar los
agravios inferidos a tales sujetos procesales.
Permitiendo así concluir que para que este mecanismo se active, es ne-
cesaria la existencia de una sentencia proferida por el órgano de cierre
de la jurisdicción administrativa sobre un mismo punto de derecho. Su
fin, entonces, es el de asegurar el cumplimiento del principio de igual-
dad y el de reparar daños que eventualmente una decisión ulterior
haya ocasionado al actor.
Tanto la facultad de unificar jurisprudencia por parte del C. E. como
este nuevo recurso, resultan importantes para el órgano de cierre ad-
ministrativo, en tanto su concordancia con la idea de ir creando un
precedente en lo contencioso administrativo, pues como se vio en el
capítulo anterior, el precedente judicial propiamente dicho se producía
tanto en la csj como en la Corte Constitucional.
Así pues, siguiendo a Mario Ricardo Segura65, las sentencias pro-
feridas en virtud de unificación de jurisprudencia del C. E. y el recurso
extraordinario de unificación de jurisprudencia
les da un papel preponderante en el sistema de las fuentes del derecho
administrativo ubicándolas sin lugar a dudas al mismo nivel de la ley, lo
que significa que se desplaza el papel de la jurisprudencia como criterio
auxiliar del derecho administrativo para pasar a formar parte de las fuentes
directas y primarias del mismo, a partir de la aplicación de la ley siguiendo la
interpretación que sobre la misma haya llevado a cabo la jurisprudencia de
unificación del Consejo de Estado.
En cuanto a su desarrollo procedimental, el C. E. señala:
Así el recurso procede contra sentencias dictadas en única y segunda instancia
por los tribunales administrativos en las cuales se contraríe una sentencia de
unificación del Consejo de Estado, con lo cual se garantiza la efectividad del
precedente vertical.
65 Mario Ricardo Segura. “Precedente jurisprudencial vs. unificación jurisprudencial”, en
Verba Iuris, vol. 1, 2011, disponible en [http://www.unilibre.edu.co/verbaiuris/images/
stories/vol1/da4.pdf], p. 22.
45
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
Se encuentran legitimados para interponer este recurso extraordinario las
partes del proceso, y también por los terceros que resulten agraviados con
la providencia. Debe ser decidido por el Consejo de Estado a través de la
respectiva sección de la Sala de lo Contencioso Administrativo, en atención a
la especialidad y a la distribución de asuntos66.
III. La extensión de jurisprudencia
El cpaca ha introducido junto a la figura de la unificación de jurispru-
dencia, la institución de la extensión de la misma. El artículo 102 del
cpaca introduce una nueva institución que permitirá a un tercero so-
licitar la aplicación de una sentencia de unificación proferida por el C.
E. a cualquier entidad administrativa, siempre que su caso sea análo-
go. Para que la extensión de la jurisprudencia sea efectiva el tercero
interesado debe presentar una solicitud razonada ante la administra-
ción, la cual debe llenar las formalidades de un derecho de petición,
en esa solicitud deberá adjuntar copia de la sentencia de unificación
jurisprudencial que contenga el criterio que pretende que le sea apli-
cado. Es claro que si la pretensión judicial que se hace a caducado, será
declarada improcedente, si no es así, esta institución tiene efecto sus-
pensivo del término de caducidad para presentar una demanda ante la
jurisdicción de lo contencioso administrativo. La administración tiene
un término para decidir de 30 días contados desde la recepción de la
petición, y podrá negarla únicamente en tres eventos: 1. Que sea nece-
sario practicar pruebas, para lo cual adelantará el respectivo trámite;
2. Que las razones argüidas por el peticionario sean diferentes a los
supuestos de la sentencia invocada; y, 3. Que las normas aplicables al
caso deban ser interpretadas de una manera diferente a la expuesta en
la sentencia invocada.
Ahora bien, si en el término dispuesto la administración no da res-
puesta alguna,
el interesado podrá acudir ante el Consejo de Estado para pedir que este,
si lo hallare procedente, ordene la extensión de la jurisprudencia y el
reconocimiento del derecho a que hubiere lugar. Para este efecto dispone el
artículo 269 que el interesado presente escrito razonado, al que acompañará
la copia de la actuación surtida ante la autoridad competente. Vencido el
66 Consejo de Estado, Sección Tercera, expediente 2013-00019, cit.
46
La unificación jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
término de 30 días de traslado de la petición a la administración, el Consejo
de Estado convocará a una audiencia que tendrá lugar dentro de los 15 días
siguientes a la notificación de las partes, en la cual se escuchará a las partes y
se adoptará la decisión a que haya lugar67.
Analizando otro punto de la extensión de la jurisprudencia, llama la
atención que su relación con las sentencias de unificación ha sido algo
confusa para las autoridades administrativas y es que si bien, las sen-
tencias de unificación ya existían antes del cpaca, la figura de exten-
sión de la jurisprudencia nació con la misma llevando al interrogante
siguiente ¿se puede utilizar jurisprudencias unificadas antes de la pro-
mulgación del cpaca para hacer extensión de la jurisprudencia?
El C. E., en el mismo concepto del 10 de diciembre de 2013 dio res-
puesta afirmativa:
En lo que respecta a esta consulta, es indudable que la expresión “las que
profiera o haya proferido” denota que en el concepto de sentencias de
unificación jurisprudencial quedaron incluidas no sólo las que se empezaron
a expedir con posterioridad a la ley, sino también las que antes de la misma
fueron proferidas con esa finalidad; de manera que la disposición es coherente
con el desarrollo jurisprudencial a que se hizo referencia en la primera parte
de este concepto, en el sentido de que la labor de unificación jurisprudencial
del Consejo de Estado no nace con la Ley 1437 de 2011, en la medida que es
connatural a la condición de Tribunal Supremo que le otorga el artículo 237
de la Constitución Política.
Es así como se puede ver que la institución de la extensión de la juris-
prudencia busca democratizar más el derecho, apelando a la justicia y
a la igualdad, en tanto que casos similares serán decididos de la misma
manera. En materia de derecho administrativo, el precedente encuen-
tra una revigorización en cuanto se convierte en un punto fundamental
a tener en cuenta al momento de tomar decisiones sobre un punto de
derecho por parte de las autoridades administrativas.
El artículo 10. º del cpaca propone un nuevo deber para la adminis-
tración, como lo menciona Hernández Becerra
las autoridades quedan obligadas a aplicar las normas jurídicas de manera
uniforme en todas las decisiones donde se presenten los mismos supuestos
67 Hernández Becerra. “La jurisprudencia en el nuevo código”, cit., p. 243.
47
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
de hecho y de derecho. Para reforzar este mandato de aplicación uniforme de
la ley, y con el objeto de servir a esta regla de legalidad sin discriminación ni
preferencias, la norma impone a las autoridades el deber de “tener en cuenta”
las sentencias de unificación jurisprudencial del Consejo de Estado en las que
se interpreten y apliquen dichas normas68.
La Corte Constitucional ha mencionado que “la igualdad de trato que
las autoridades deben otorgar a las personas supone además una
igualdad en la interpretación en la aplicación de la ley”69, a propósito
del derecho fundamental a la igualdad consagrado en el artículo 13 de
la Carta Política, la finalidad que presenta esta nueva obligatoriedad
impuesta a las autoridades administrativas que tengan la facultad de
tomar alguna decisión sobre el derecho que pueda tener algún ciuda-
dano -superintendencias, aplicación de derechos laborales a funcio-
narios públicos y conciliación en temas contenciosos administrativos,
por ejemplo- es asegurar la igualdad entre las personas en el caso de
que un derecho ya haya sido concedido a una persona que se encuentre
en situaciones de hecho similares.
Otra de las finalidades de la obligación señalada es la descongestión
del sistema judicial, ya que al seguir los parámetros indicados por el C.
E., las autoridades administrativas descongestionarán el uso de accio-
nes administrativas para que un derecho determinado sea reconocido,
e incluso, es un nuevo mecanismo que evita la sobreutilización de la
acción constitucional de tutela. Ahora bien, el Consejo de Estado ha
señalado que en caso de que de manera arbitraria no se conceda un
derecho que ya ha sido fundamentado por una sentencia de unificación
proferida por dicha corporación, los operadores administrativos
se convierten en agentes de conflictividad y congestión judicial, en contravía
de los fines del Estado social de derecho. Igualmente, contrarían los principios
de economía, eficiencia, eficacia, igualdad y responsabilidad administrativa.
Además, se infringe la obligación que tienen los funcionarios administrativos
de hacer efectivos los derechos ciudadanos y se quebranta el deber de
los servidores públicos de cumplir con diligencia y eficiencia el servicio
encomendado70.
68 Ibíd., p. 240.
69 Sentencia C-836 de 2001, ver supra, nota n.º 12.
70 Consejo de Estado, Sala de Consulta y Servicio Civil. Concepto de 10 de diciembre de 2013,
rad. 2194, exp. 11001-03-06-000-2013-00540-00, C. P.: William Zambrano Cetina, dis-
48
La unificación jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
Las consecuencias entonces pueden comprometer personalmente
al funcionario público, como lo señaló la Corte Constitucional en Sen-
tencia C-539 de 6 de julio de 201171:
… el desconocimiento del precedente judicial de las altas cortes por parte
de las autoridades administrativas […] implica la afectación de derechos
fundamentales, y por tanto una vulneración directa de la Constitución o de la
ley, de manera que puede dar lugar a (i) responsabilidad penal, administrativa o
disciplinaria por parte de las autoridades administrativas, (ii) la interposición
de acciones judiciales, entre ellas de la acción de tutela contra actuaciones
administrativas o providencias judiciales.
A propósito del apartamiento de la administración respecto de las
decisiones tomadas por el C. E. en sentencias de unificación, la Corte
Constitucional ha dicho:
En lo referente a la atribución conferida a la administración en el mismo
artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, para apartarse de la interpretación
que haya efectuado el Consejo de Estado en las sentencias de unificación
jurisprudencial, la Corte considera que esa atribución de la administración
no desconocía las normas invocadas de la Carta. Dentro de la libertad
de configuración que se le reconoce al legislador, es admisible que la
administración pueda controvertir los fundamentos de la jurisprudencia
cuya extensión se invoca. Además, tal posibilidad tiene carácter excepcional y
restringido, pues en principio, lo que procede es que la administración acoja
la jurisprudencia que define el punto sobre el cual ésta debe pronunciarse; y
solo mediante una argumentación explícita y exigente, cabe oponer un criterio
discrepante que sustente el apartamiento administrativo. Decisión que, por
lo demás, no es definitiva, pues dentro del trámite legalmente dispuesto se
prevé un mecanismo expedito y célere que permite al interesado propiciar
la intervención del máximo órgano de lo contencioso administrativo, con el
objeto de evaluar la postura de la administración y, si es el caso, ratificar la
posición jurisprudencial en discusión a través de una decisión que resulta
obligatoria para aquella.
Analizada la figura de la extensión jurisprudencial en su contexto y no
de manera parcial como lo enfoca el demandante, esto es como un trá-
mite que tiene una estructura y un procedimiento que no se agota con
ponible en [http://asleyes.com/descargas/pdf/novedad/c_e_concepto.pdf ].
71 M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
RELATORIA/2011/C-539-11.htm].
49
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
la simple decisión de la administración de no acoger la jurisprudencia,
sino con la intervención del órgano de cierre respectivo, la Corte en-
contró que la norma acusada se ajustaba a la Carta72.
IV. Desarrollo de las fuentes del derecho en
Colombia para unificar jurisprudencia
Si bien no se puede decir que el sistema jurídico colombiano se ve
transformado en su totalidad de romano-germánico a common law, si
se puede afirmar que el sistema de fuentes ha sufrido transformacio-
nes. En Colombia la tradición determina que el juez no crea la ley sino
que su objetivo es darle aplicación a la misma y que la jurisprudencia
es relevante solo para fundamentar la norma que es ambigua, la obli-
gación de fallar en derecho corresponde básicamente a la obediencia
de la norma escrita, pues la capacidad creadora del juez o su interpre-
tación está limitada.
Anudado a ello, conforme al artículo 230 de la Constitución Política,
las jurisprudencias proferidas por las altas cortes son fuente auxiliar
del derecho, sin embargo, la Corte Constitucional -como órgano de
cierre del sistema jurídico- ha introducido la regla según la cual los
jueces en sus providencias están sometidos no a la ley, sino al derecho,
al orden jurídico o al ordenamiento jurídico, ya que si los jueces solo
estuviesen sometidos a la ley, significaría que no estarían sometidos
a las otras fuentes del derecho como son la Constitución, los tratados
públicos o las sentencias de los diferentes tribunales nacionales o in-
ternacionales. Desde ese argumento, presentar la jurisprudencia como
fuente auxiliar o secundaria resulta contraria a la evidencia empírica,
expresada en fallos de las cortes nacionales, como es el caso de las sen-
tencias condicionadas o aditivas e internacionales que muestran que la
jurisprudencia tiene el carácter de fuente formal del derecho.
Ahora bien, el cpaca al autorizar al C. E. a proferir sentencias de
unificación con efecto vinculante transforma las fuentes formales del
derecho, sin embargo las tensiones que surgen de la lectura del texto
del cpaca y la interpretación que del mismo hace el C. E. aumentan al
revisar las facultades que el artículo 102 del cpaca otorga a las auto-
72 Sentencia C-588 de 25 de julio de 2012, M. P.: Mauricio González Cuervo, disponible en
[http://www.corteconstitucional.gov.co/RELATORIA/2012/C-588-12.htm ].
50
La unificación jurisprudencial en la Ley 1437 de 2011
ridades para apartarse de la interpretación realizada por el C. E.. En
efecto, como ya se señaló, el artículo 102 establece que las autoridades
administrativas deberán extender los efectos de una sentencia de uni-
ficación jurisprudencial dictada por el C. E., en la que se haya recono-
cido un derecho, a quienes lo soliciten y acrediten los mismos supues-
tos fácticos y jurídicos, no obstante, la autoridad administrativa está
facultada para apartarse de la interpretación del C. E. en la sentencia,
indicando de manera clara y expresa los argumentos por los cuales no
sigue la interpretación del Consejo.
Para este punto, es necesario hacer una distinción analítica entre
jurisprudencia, jurisprudencia como precedente, jurisprudencia como
criterio auxiliar y precedente judicial, en la medida en que la facultad
de proferir sentencias con valor de precedente entendida gramatical-
mente genera una modificación en el curso normativo de las fuentes
del derecho, pues es un precepto con fuerza vinculante sobre el cual
la autoridad pública fundará sus decisiones. En consecuencia, se debe
entender que la jurisprudencia es el nombre genérico que reciben las
sentencias proferidas por los jueces, tribunales y cortes; la jurispru-
dencia como precedente, son reglas contenidas en las sentencias pro-
feridas por los órganos jurisdiccionales de cierre, que vinculan a tri-
bunales, jueces al órgano de producción y a las autoridades públicas
y funcionarios públicos; la jurisprudencia como criterio auxiliar, son
decisiones y reglas creadas por jueces y tribunales que no son órganos
de cierre; y el precedente, es el conjunto de sentencias anteriores al
caso que se está llevando, que por su relación con el problema jurídico
que se va a resolver, son consideradas por el juez o la autoridad que
tomará la decisión como criterio, apoyo o fundamento de su decisión,
según sea el caso. Así pues, se concluye que el sistema de fuentes resul-
ta transformado, en la medida en que la jurisprudencia se constituye
como fuente formal del derecho, tanto por las reglas propuestas a tra-
vés de jurisprudencia con criterio auxiliar, como por las sentencias que
constituyen precedente, conforme con los artículos 10.º, 102 y 270 del
cpaca.
51
Capítulo tercero
Criterios de unificación de jurisprudencia
Introducción
Ya comprendida la historia del precedente judicial en Colombia y la
institución de unificación de jurisprudencia a la luz del cpaca, en este
capítulo se desarrolla uno de los objetivos de la misma concerniente
a la categorización y selección de criterios que utilizó el C. E. Sección
Tercera para unificar jurisprudencia.
Como se ha visto, con las nuevas facultades otorgadas al C. E. por
parte del cpaca, converge una importante responsabilidad, debido a
que de la diversidad de temas en los que tiene conocimiento, escoge-
rá los que considere más importantes para unificar estableciendo un
precedente judicial en lo contencioso administrativo y específicamente
en temas donde con frecuencia se presenta fricción, sin embargo, para
tomar una decisión de unificación se hace necesario antes establecer
los criterios que alientan al órgano judicial a activar dicha facultad. En
este capítulo se identifican las clases de criterios con frecuencia usados
por los jueces para proferir una sentencia, acto seguido y a manera de
ejemplo se señalarán los criterios que se tienen en cuenta para realizar
la extensión de la jurisprudencia por parte de las autoridades admi-
nistrativas, por último se reconocen los criterios que fueron utilizados
por el C. E. Sección Tercera para unificar las sentencias proferidas el 28
de agosto de 2014 sobre perjuicios inmateriales.
I. Caracterización de criterio
Se puede definir como criterio aquella condición subjetiva, inherente
al ser humano, que sustenta un juicio de valor, esto es, los argumentos
por los cuales se toma determinada decisión e incluso las razones por
53
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
las que se toma un tema en consideración. En términos generales, se
pueden clasificar los criterios al momento de crear una norma en for-
males y materiales, los primeros son los “que se refieren al sujeto com-
petente o autorizado para la producción o creación de la norma, y a los
procedimientos que debe realizar para la producción de la norma”73
y los materiales, que se refieren “a las prohibiciones o a los mandatos
expresos, sobre un contenido determinado que se exige para la norma
que está en procesos de creación”74.
Siguiendo esta línea, en términos de decisiones judiciales, los cri-
terios formales se refieren tanto al órgano competente para proferir
sentencia como a los procedimientos que se deben seguir para hacer-
lo, y los criterios materiales son aquellos que versan sobre el derecho
en cuestión. Con base en ello, cabe decir que los criterios formales se
encuentran positivizados en una norma o ley y los criterios materiales
dependen del discernimiento del operador jurídico.
II. Criterios formales y materiales en la institución
de la extensión de la jurisprudencia
Para que la aplicación extensiva de la jurisprudencia del C. E. sea pro-
cedente, se tienen en cuenta una serie de criterios formales y materia-
les definidos en el acápite anterior. Ahora bien dentro de los criterios
formales se encuentran los siguientes: 1. El cumplimiento de todas las
formalidades que requiere la presentación de un derecho de petición;
2. El peticionario debe razonar su solicitud evidenciando que se en-
cuentra en situaciones de hecho y derecho similares a las incoadas por
el demandante que eventualmente adquirió un derecho por medio de
la sentencia de unificación que se piensa presentar. Este criterio tie-
ne la finalidad de asegurar el cumplimiento del principio de igualdad;
3. Copia o mención del radicado de la sentencia de unificación que se
pretende extender; y 4. Que el derecho que se pretende sea declarado
a favor del peticionario no haya caducado.
En cuanto a los criterios materiales, se debe tener en cuenta la inter-
pretación que de una norma se ha dado en la sentencia de unificación
73 Diego Martínez Marulanda. Fundamentos para una introducción al derecho, Bogotá, Eri-
nia, 2007, p. 152.
74 Ídem.
54
Criterios de unificación de jurisprudencia
que se pretende extender por parte de la administración a un tercero.
Así pues, la administración al recibir una solicitud de extensión debe
seguir un criterio constitucional, explicado así por la Corte Constitu-
cional en Sentencia C-588 de 201275:
… esta Corte, mediante la Sentencia C-816 de [1.º de noviembre de] 2011[76],
condicionó la constitucionalidad de este mecanismo de extensión de
jurisprudencia, en el entendido que las autoridades, al extender los efectos
de las sentencias de unificación jurisprudencial dictadas por el Consejo de
Estado e interpretar las normas constitucionales base de sus decisiones,
deben observar con preferencia los precedentes de la Corte Constitucional
que interpreten las normas aplicables a la resolución de los asuntos de su
competencia.
Esto es, antes de considerar procedente la solicitud -lo que a su vez otor-
garía un derecho-, la administración está obligada a observar los pre-
cedentes de la Corte Constitucional respecto a la norma en discusión.
Sobre este punto podría decirse que la administración podría escudarse
tras un concepto de la Corte Constitucional para declarar improcedente
la petición, sin embargo lo que este criterio propende es la unidad en las
decisiones tomadas por el C. E. y los demás órganos de cierre de las dife-
rentes jurisdicciones, con respecto al seguimiento de la norma superior
propuesta por Hans Kelsen. Así pues, en su contenido, con dificultad se
encontrará una sentencia de unificación que riña con la interpretación
que de una norma haya dado la Corte Constitucional.
Ahora bien, en términos del derecho que pretende ser declarado
a favor del peticionario, la administración debe analizar dentro de la
sentencia de unificación invocada que la similitud de hecho y del dere-
cho este estrictamente relacionada con la ratio decidendi de la misma,
como lo señala Rojas77
puede afirmarse entonces que para efectos del cumplimiento de los mandatos
establecidos en los artículos 10.º, 102 y 269 del nuevo Código, solo deberá
75 Ver supra, nota n.º 76.
76 M. P.: Mauricio González Cuervo, disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/
RELATORIA/2011/C-816-11.htm].
77 Danilo Rojas Betancourth. “Extensión de las sentencias de la unificación de la jurispru-
dencia: avanza la aplicación y el debate”, Bogotá, Consejo de Estado, 2014, disponible en
[http://www.consejodeestado.gov.co/documentos/prensa/extjuri.pdf ], p. 12.
55
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
ser objeto de extensión aquella parte de las sentencias de unificación que
constituyan la ratio decidendi de la misma y, por supuesto, el decisum. Corolario
de ello, habrá que afirmar que los argumentos, opiniones, pedagogías tipo
obiter, en la medida en que no encuentran relación alguna con el problema
jurídico planteado en la sentencia, no pueden ser objeto de extensión, ni
oficiosa, ni por petición de parte, ni mucho menos por decisión judicial.
Así pues, para que la administración dé trámite y apruebe una extensión
de la jurisprudencia propuesta por un tercero, los diferentes criterios, tan-
to formales como materiales deben ser observados de manera estricta.
III. Análisis de los criterios de las sentencias de
unificación proferidas por la Sección Tercera del C. E.
Cuadro 1. Identificación de sentencias analizadas
Acción de reparación direc-
ta. Reglas que debe tener en
Homicidio y desaparición forzada
cuenta el juez al momento
de cuatro campesinos a manos del
05001-23-
de considerar la reparación
Ejército nacional.
25-000-
material e inmaterial de
1999-01063-
derechos vulnerados o afec-
Reparación patrimonial y extramatri-
01(32988)a
taciones relevantes a bienes
monial de los perjuicios causados a
o derechos convencional y
raíz de este hecho a familiares de las
constitucionalmente ampa-
víctimas.
rados
Acción de reparación di-
05001-23-
Reparación de perjuicios causados a
recta.
31-000-
un hombre que recibió un disparo en
Indemnización de perjuicios
1997-01172-
su brazo derecho a manos de un sol-
materiales. Culpa exclusiva
01(31170)b
dado del Ejército.
de la víctima.
Una mujer pierde a su bebe por ne-
23001-23-
gligencia de un hospital al atenderla
31-000-
cuando se presentó al mismo reali-
Acción de reparación direc-
2001-00278-
zando trabajo de parto ya que varios
ta. Daños a la salud.
01(28804)c
médicos no quisieron atenderla en 24
horas provocado graves hemorragias y
la muerte del feto.
Un ciudadano alemán, parapléjico, fue
detenido en Barranquilla por trasladar
25000-23-
Acción de reparación di-
cocaína con destino a Miami, aceptó el
26-000-
recta.
delito que cometió y señaló que para
2000-00340-
Daños a la salud por lesio-
su reclusión necesitaba un servicio
01(28832)d
nes temporales.
sanitario especial sin embargo sus so-
licitudes fueron ignoradas causándole
gangrena en el intestino.
56
Criterios de unificación de jurisprudencia
Acción de reparación di-
50001-23-
Falla del servicio por explosión de una
recta.
15-000-
granada en mal estado, que cargaba
Lesiones personales víc-
1999-00326-
un soldado del Ejército, provocándole
timas directas y víctimas
01(31172)e
la amputación de ambas piernas.
indirectas.
Un niño que se encontraba en un cen-
tro de reeducación -por haber sido
66001-23-31-
Acción de reparación di-
imputado por porte ilegal de armas-
000-2001-00731
recta.
muere ahogado en un río próximo
salud 01(26251)f
después de intentar escapar del centro
de reeducación.
José Delgado Sanguino fue a la
Libertad desde el 1.º de diciembre de
1998 hasta el 18 de agosto de 1999,
68001-23-
Acción de reparación di-
sindicado como autor del delito de
31-000-
recta.
peculado por apropiación en provecho
2002-02548-
Privación injusta de la li-
propio; sin embargo, en el transcur-
01(36149)g
bertad.
so del proceso penal se demostró la
inocencia del demandante, razón por
la cual se concluye que el hecho no
existió
En julio de 2000 se realizó una
73001-23-
toma guerrillera en el municipio de
31-000-
Acción de reparación di-
Roncesvalles, resultando en la muerte
2001-00418-
recta.
de un patrullero. Sus familiares alegan
01(27709)h
que su muerte fue por omisión del
Estado.
a Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación, de 28 de agosto de 2014, C. P.: Ramiro de
Jesus Pazos Guerrero, disponible en [http://190.24.134.67/documentos/boletines/151/S3/05001-23-
25-000-1999-01063-01(32988).pdf].
b Consejo de Estado, Sección Tercera. Recurso de apelación, de 28 de agosto de 2014, C. P.: Enrique Gil
Botero, disponible en [http://190.24.134.67/documentos/boletines/151/S3/05001-23-31-000-1997-
01172-01(31170).pdf].
c Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de Unificación,
de 28 de agosto de 2014, C. P.: Stella Conto Díaz del Castillo, disponible en [http://190.24.134.67/do-
cumentos/boletines/151/S3/23001-23-31-000-2001-00278-01(28804)%20(1).pdf].
d Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unifica-
ción, de 28 de agosto de 2014, C. P.: Danilo Rojas Betancourth, disponible en [http://www.nuevalegisla-
cion.com/normatividad-al-dia/item/download/1405_5d5e8fe58aec4a99ef62678b4a4b6d1b.].
e Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unifica-
ción, de 28 de agosto de 2014, C. P.: Olga Mélida Valle de De La Hoz, disponible en [http://190.24.134.67/
documentos/boletines/151/S3/50001-23-15-000-1999-00326-01(31172).pdf].
f Consejo de Estado, Sección Tercera. Sentencia de unificación, de 28 de agosto de 2014, C. P.: Jaime
Orlando Santofimio Gamboa, disponible en [http://bu.com.co/sites/default/files/documentos/conse-
jo-de-estado-sala-de-lo-contencioso-administrativo-seccion-tercera-documento-final-aprobado-median-
te-acta-de-28-de-agosto-de-2014.pdf].
g Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unifica-
ción, de 28 de agosto de 2014, C. P.: Hernán Andrade Roncón (E), disponible en [http://190.24.134.67/
documentos/boletines/151/S3/68001-23-31-000-2002-02548-01(36149)%20(1).pdf].
h Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera. Sentencia de unifica-
ción, de 28 de agosto de 2014, C. P.: Carlos Alberto Zambrano Barrera, disponible en [http://www.nue-
valegislacion.com/normatividad-al-dia/item/download/1378_83bed12c8f96d6d713b8f783e5ab1694.].
57
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
La Sección Tercera del C. E. presenta diferentes criterios formales en
sus sentencias de unificación, entre ellos: 1. La importancia jurídica del
tema a tratar, identificado en las sentencias de unificación con la sigla
“IJ”; 2. La trascendencia económica o social; 3. La necesidad de unificar
o sentar jurisprudencia; 4. Las relativas al mecanismo eventual de revi-
sión; y 5. Las proferidas al decidir los recursos extraordinarios.
Ahora bien, en lo que atañe a esta investigación, dentro de las ocho
sentencias de unificación estudiadas proferidas por la Sección Tercera
del C. E., se pudo concluir que de todos los criterios formales enume-
rados antes, solo se hizo uso de uno, todas son fruto del ejercicio del
recurso de apelación. Esto quiere decir que se están dejando de lado
herramientas que en un principio tenían una finalidad de establecer
una línea de precedente en lo contencioso administrativo y realzar los
principios de igualdad y seguridad jurídica como son el recurso ex-
traordinario de revisión y el de unificación de jurisprudencia, ambos
regulados por el cpaca.
En cuanto a los criterios materiales que se utilizaron para resolver
aquellos recursos de apelación, se logra vislumbrar un ánimo de regu-
lar sobre perjuicios inmateriales: perjuicio moral, perjuicios derivados
de la violación de bienes constitucionales y convencionales y daño a la
salud en el contexto de acciones de reparación directa, como lo señala
el presidente de la Sala de Consulta Civil y Servicio Civil del C. E. Her-
nández Becerra
La expedición de estas ocho sentencias se traduce en beneficios directos para
la justicia contencioso administrativa en términos de descongestión, bien
porque facilitan la diligente decisión de todos los casos similares, o bien porque
sirven para conjurar, por vía de conciliación, el trámite de juicios innecesarios.
Sin embargo, la poca utilización de los demás criterios formales que
otorga el cpaca al C. E. para la unificación de jurisprudencia y la deci-
sión de unificar solo temas de perjuicios inmateriales permite pregun-
tarse cuáles son los intereses que tiene la Sección Tercera del C. E. para
unificar jurisprudencia aparte de dar cumplimiento a los principios del
cpaca.
58
Capítulo cuarto
Fricciones entre la extensión de la jurisprudencia
y las sentencias de la Corte Constitucional
El legislador en el inciso primero del artículo 102 de la Ley 1437 de
201178, ha otorgado a la autoridad administrativa la potestad de exten-
der los efectos de las sentencias de unificación del C. E., órgano de cie-
rre de la jurisdicción contencioso administrativa, a casos basados en
los mismos supuestos fácticos y jurídicos, es desarrollo del concepto
de la fuerza vinculante de las sentencias proferidas por las altas cor-
poraciones de justicia. Por tal razón, la Corte Constitucional encontró
que esta disposición resulta compatible con la Constitución y por ende,
debía ser declarada exequible frente al cargo de violación del artículo
230 de la Constitución.
En relación con que las actuaciones administrativas extiendan la ju-
risprudencia de unificación del C. E. a casos similares, la Corte Consti-
tucional afirmó lo señalado en la Sentencia C-539 2011, con ocasión de
una demanda contra el artículo 114 de la Ley 1395 de 201079 en el sen-
tido de aclarar que el concepto de imperio de la ley al que están sujetas
las autoridades administrativas y judiciales hace referencia a la aplica-
ción del conjunto de normas constitucionales y legales, incluyendo la
interpretación jurisprudencial de los máximos órganos judiciales, apli-
cación que en todo caso debe realizarse en consonancia con la Cons-
titución, norma de normas y punto de partida de toda aplicación de
enunciados jurídicos a casos concretos. De igual modo, reiteró que los
fallos de la Corte Constitucional, tanto en ejercicio del control concreto
como abstracto de constitucionalidad, hacen tránsito a cosa juzgada y
78 Ver supra, nota n.º 3.
79 Ver supra, nota n.º 58.
59
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
tienen fuerza vinculante, en su parte resolutiva, con efectos erga omnes
en el caso de los fallos de control de constitucionalidad de leyes e inter
partes para los fallos de tutela, por regla general y, en ambos casos, las
consideraciones de la ratio decidendi. Por tal motivo, la Corte incluyó
las sentencias de constitucionalidad y de unificación de jurisprudencia
en materia de protección de derechos fundamentales que profiere la
Corte Constitucional, como guardián de la supremacía constitucional y
de la efectividad de tales derechos.
A la misma conclusión llegó la Corte Constitucional al declarar exe-
quibles en la Sentencia C-816 de 201180 los incisos primero y séptimo
del artículo 102 de la Ley 1437 de 2011, en el entendido que las autori-
dades, al extender los efectos de las sentencias de unificación jurispru-
dencial dictadas por el C. E. e interpretar las normas constitucionales
base de sus decisiones, deben observar con preferencia los preceden-
tes de la Corte Constitucional que interpreten las normas constitucio-
nales aplicables a la resolución de los asuntos de su competencia.
Ahora bien, el C. E. establece la imposibilidad de extender los efectos
de una sentencia de la Corte Constitucional a través del mecanismo de
la extensión de la jurisprudencia, como se pasa a explicar. Es cierto que
los precedentes de la Corte Constitucional poseen fuerza vinculante,
tanto para las autoridades administrativas como para las judiciales. No
obstante, ello no constituye razón suficiente para determinar que con
solo invocarse una providencia de la Corte pueda obtenerse el recono-
cimiento de un derecho subjetivo por medio del mecanismo de exten-
sión de la jurisprudencia. El primer y más elemental argumento que
sustenta esta tesis deviene del hecho de que la Corte no lo expresó así
en ninguna de las providencias que se pronunciaron sobre la consti-
tucionalidad del mecanismo, ni tampoco se desprende que en la ratio
decidendi de estas pudiera contenerse una hipótesis de tal magnitud.
Luego, mal haría el juez contencioso al determinar el alcance de los
pronunciamientos del juez constitucional, pues no es una función que
sea de su competencia.
El segundo argumento gravita en torno a la naturaleza misma de
las providencias que emanan de la Corte. Así, tratándose de senten-
cias de constitucionalidad, el mandato contenido en éstas se sustrae
80 Ver supra, nota n.º 80.
60
Fricciones entre la extensión de la jurisprudencia y las sentencias de la Corte...
de cualquier tipo de situación jurídica que pretenda limitarlo. Cuando
este órgano se pronuncia sobre la exequibilidad de una norma, las pre-
cisiones decantadas sobre ella y su estatus dentro del ordenamiento
jurídico quedan imbuidos de la interpretación y de la decisión que al
respecto adopte. Por ende, la incidencia de un fallo de constitucionali-
dad escapa a la órbita del mecanismo de extensión de la jurispruden-
cia, pues su acatamiento se entiende como un mandato imperativo, que
no necesita una vía específica para su materialización.
El tercer argumento guarda relación con las providencias de tute-
la y el reconocimiento de derechos. Al respecto, hay que puntualizar
que según lo ha dispuesto la propia Corte, las decisiones producidas
en este tipo de proceso, por regla general, tienen efectos inter partes
y solo ese alto tribunal puede modular sus sentencias para darles un
efecto diferente. Bajo ese entendido, una decisión con efectos modula-
dos por parte de la Corte en la que se reconozca un derecho, no requie-
re de otro instrumento jurídico -como el que se estudia- para que la
convalide. Así mismo, si la Corte en un fallo de tutela (bien sea tipo tu-
tela o sentencia de unificación) no hizo extensivos sus efectos a terce-
ros, mal podría hacerlo una autoridad administrativa o el mismo C. E. a
través del mecanismo de extensión de la jurisprudencia, pues de algu-
na forma estaría modulando los efectos de una decisión de la Corte, lo
cual por disposición de esa misma autoridad judicial le está vedado. En
ese orden de ideas, está claro que el carácter vinculante del preceden-
te de la Corte Constitucional debe orientar el mecanismo en comento,
pero ello no releva al interesado de la obligación de invocar una sen-
tencia de unificación del C. E. para ese propósito.
A través del mecanismo en cuestión, no es posible extender los efec-
tos de una decisión proferida por la Corte Constitucional, mucho me-
nos en materia de tutela, cuando es ese mismo órgano el único que
tiene facultades para hacer extensivos los efectos de un fallo de esta
naturaleza a través de las distintas figuras modulativas del decisum.
Por otro lado, del plenario se advierte que los tutelantes no invoca-
ron como desconocida ninguna sentencia de unificación del C. E., ni
cualquier otra de esta Corporación relacionada con la reparación por
desplazamiento forzado. Así las cosas, al no reunirse las condiciones
para que se pueda acceder al amparo deprecado por la parte accio-
nante, sin mayores consideraciones, esta Sala procederá a confirmar el
61
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
fallo del 12 de agosto de 2014, proferido por la Sección Cuarta del C. E.,
que denegó las pretensiones de la demanda de tutela.
En conclusión para el C. E., la extensión de la jurisprudencia se esta-
bleció respecto de sentencias de unificación del C. E., no de providen-
cias de la Corte Constitucional, lo que implica que el interesado debe
identificar en su solicitud la sentencia del C. E. cuya extensión preten-
de, sin perjuicio de que al resolver el incidente, el juez tenga en cuenta
el precedente constitucional de la referida Corte. En cuanto a las pro-
videncias de la Corte Constitucional cuyos efectos se pedía extender, se
precisó que el legislador no estableció este mecanismo en relación con
sentencias de dicha Corte, sino respecto de fallos de unificación del C.
E., lo que implica que éstos deben ser identificados por los interesados en
su solicitud, de nuevo, sin perjuicio de que al resolver el incidente, el
juez tenga en cuenta el precedente constitucional de la referida Corte.
62
Conclusiones
Como se ha visto, la unificación de jurisprudencia no es una institución
nueva creada por el cpaca, sino que responde a una transformación
de las fuentes del derecho propuestas por el sistema continental del
que hace parte Colombia; en este entendido, no se puede decir que el
sistema colombiano se está transformando al common law puesto que
su origen basado en la tradición es diferente al del sistema continental
cuya protagonista principal es la ley, más bien debe entenderse que
respetando a la ley como fuente principal, el precedente ha tomado
gran importancia en la dinámica judicial colombiana, en cada una de
las especialidades de la jurisdicción ordinaria, en la jurisdicción admi-
nistrativa y constitucional.
La unificación de jurisprudencia y la nueva institución de extensión
de jurisprudencia, al que poco reparo se le hizo en este trabajo por no
tratarse del eje problemático del mismo, generan garantías en el ám-
bito administrativo, ya que presentan un control tanto vertical como
horizontal, el primero al establecer un precedente en materias impor-
tantes -como por ejemplo, en ejercicio de acciones de reparación di-
recta la tasación de perjuicios morales e inmateriales-, que tanto jue-
ces como tribunales y entidades públicas deben respetar y seguir, pu-
diéndose apartar del criterio del Consejo solo cuando se considere que
el precedente no es aplicable para el caso en concreto y argumentando
la razón del apartamiento y la nueva forma de resolver el caso. El se-
gundo control, al otorgar garantías a los ciudadanos que se encuentren
en condiciones semejantes a las de una sentencia unificada, evitando el
desgaste judicial, la inseguridad jurídica y garantizando el derecho a la
igualdad y, en general, los principios de la administración.
Para la mayor efectividad de la institución de unificación de juris-
prudencia cuyo buen uso genera grandes beneficios para la adminis-
tración de justicia, es que los consejeros seleccionen los temas a uni-
63
Los criterios de unificación de jurisprudencia...
ficar utilizando todos los criterios formales que la ley les otorga para
ello, así pues, el conocimiento de un tema específico no se puede su-
peditar al recurso de apelación, sino también al análisis de temas por
importancia jurídica o trascendencia económica o social, la revisión
extraordinaria de acciones de grupo o acciones populares e incluso la
utilización por los ciudadanos del recurso extraordinario de unifica-
ción de jurisprudencia.
De acuerdo a la información recolectada y luego analizada, los cri-
terios formales hacen referencia al órgano competente para unificar
jurisprudencia, quien es en este caso el C. E.; así mismo encontramos:
1. El cumplimiento de todas las formalidades que requiere la presen-
tación de un derecho de petición; 2. El peticionario debe razonar su
solicitud evidenciando que se encuentra en situaciones de hecho y de-
recho similares a las incoadas por el demandante que eventualmente
adquirió un derecho por medio de la sentencia de unificación que se
piensa presentar. Este criterio tiene la finalidad de asegurar el cum-
plimiento del principio de igualdad; 3. Copia o mención del radicado
de la sentencia de unificación que se pretende extender; y 4. Que el
derecho que se pretende sea declarado a favor del peticionario no haya
caducado.
En cuanto a los criterios de carácter material, encontramos que son
aquellos sobre los que versa el derecho, que para el caso de la unifi-
cación de jurisprudencia, reconocemos dos puntos importantes: 1. Se
debe tener en cuenta la interpretación que de una norma se ha dado
en la sentencia de unificación que se pretende extender por parte de
la administración a un tercero (ratio decidendi). Así pues, la adminis-
tración al recibir una solicitud de extensión debe seguir un criterio
constitucional, es decir debe observar con preferencia los precedentes
de la Corte Constitucional que interpreten las normas aplicables a la
resolución de los asuntos de su competencia; y 2. Con respecto a los
criterios materiales utilizados para decidir sobre qué temas deben ser
unificados y cuáles no, se debe llamar la atención sobre la tensión exis-
tente entre el C. E. y la Corte Constitucional, pues un mecanismo creado
para el reconocimiento de derechos, ya que establece, por ejemplo en
las sentencias que se estudiaron, cuándo una persona tiene derecho a
solicitar perjuicios morales e inmateriales dado el caso en el que una
operación del Estado le creó una carga superior a la que puede sopor-
64
Conclusiones
tar, no puede convertirse en un instrumento de discusión política, don-
de hay un tire y afloje de competencias e interpretaciones.
Frente a la validez de los criterios, Se entiende que hay una existen-
cia específica de los criterios formales y materiales para la unificación
de jurisprudencia, esto hace que sea de carácter obligatorio y recono-
cido por parte de los administrados. Así pues, encontramos no solo la
legitimidad del órgano que expide la misma, sino que los demás suje-
tos normativos la obedecen. Ahora bien, se pudo analizar que el Título
vi y vii Capítulo ii cuenta con una validez espacial, temporal, personal
y material, sin embargo, la eficacia no es mayor, por cuanto los crite-
rios formales de extensión de jurisprudencia del C. E. no cobijan en su
totalidad a la población, esto es por tener un carácter subjetivo frente
a la importancia jurídica o la trascendencia económica o social, o por
necesidad de unificar o sentar jurisprudencia.
Es claro para esta investigación que los criterios materiales y for-
males deben ser modificados, por cuanto no son claros, tienen un ca-
rácter subjetivo, no delimitan los procedimientos que se deben tener
para ejecutar las distintas razones de unificación de jurisprudencia. Es
decir, cuando la ley habla de trascendencia económica o social, da una
brecha lo suficientemente amplia como para caracterizar esta razón en
una desigualdad para los administrados (lo que es trascendente para
un grupo social, no lo es para otro). Tampoco se observan topes o cuan-
tías que permitan determinar a partir de qué momento nos encontra-
mos frente a un tema de relevancia económica.
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Sentencia T-292 de 6 de abril de 2006, M. P.: Manuel José Cepeda Espinosa, dis-
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Sentencia C-335 de 16 de abril de 2008, M. P.: Humberto Antonio Sierra Porto,
disponible en [http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2008/c-335-08.
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Los criterios de unificación de jurisprudencia...
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Sentencia C-539 de 6 de julio de 2011, M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva, dispo-
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Sentencia C-634 de 24 de agosto de 2011, M. P.: Luis Ernesto Vargas Silva, dispo-
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Sentencia C-816 de
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2011, M. P.: Mauricio Gonzá-
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Sentencia C-588 de 25 de julio de 2012, M. P.: Mauricio González Cuervo, dispo-
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Las autoras
Angélica Vizcaíno Solano
Abogada de la Universidad La Gran Colombia, Economista de la
Universidad Nacional, Magíster en Derecho con énfasis en derecho ad-
ministrativo de la Universidad La Gran Colombia, e-mail: [angelica.viz-
caino7@gmail.com].
Johana Barreto Montoya
Abogada de la Universidad La Gran Colombia, Especialista en Derecho
Internacional Aplicable a los Conflictos Armados de la Escuela Militar
de Cadetes -esmic- y Magister en Derecho con énfasis en derecho ad-
ministrativo de la Universidad La Gran Colombia, e-mail: [barretomon-
toya@gmail.com].
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Editado por el Instituto Latinoamericano de Altos Estudios -ilae-,
en junio de 2017
Se compuso en caracteres Cambria de 12 y 9 ptos.
Bogotá, Colombia