El sábado 30 de agosto de 2014 terminó el IV Encuentro nacional de investigadores sobre crimen y castigo y de profesores de criminología, y el balance no puede ser mejor. Contamos con la participación y encuentro de importantes referentes nacionales e internacionales del pensamiento penal y criminológico.

Las 21 ponencias, seguidas por los 10 minutos de discusión se dieron con una gran disciplina, aspecto que agradecemos sumamente a los ponentes quienes asumieron el reto de decir tantas cosas en un espacio de 30 minutos.

El evento se abrió en una primera jornada dedicada a Investigaciones criminológicas. La primera ponencia fue La negación oficial de los secuestros animales con fines de investigación biomédica, a cargo de David Rodríguez Goyes. A esta siguió Crímenes en el mar: tráfico de aletas de tiburones, de Andrés Matiz. Ambas ponencias hicieron hincapié en la necesidad de que la criminología extienda sus intereses de estudio hacia los actos que lesionan el medio ambiente, específicamente hacia aquellos que causan sufrimiento a los animales. La propuesta epistemológica además del sustento teórico tiene un trasfondo en estudios juiciosos de casos particulares: en el primer caso, el uso de monos en las investigaciones contra la malaria en el Amazonas y la caza indiscriminada, amparada en vacíos del derecho internacional, de tiburones para cortarles las aletas y tirarlos vivos al mar, en el segundo.

Siguieron las ponencias La evolución de la criminalidad femenina de Miguel Romero Moreno y El bipartidismo: origen y causa del conflicto en Colombia de Daniel Laverde. La primera implicó un recorrido por las diversas corrientes criminológicas que han hecho referencia a la mujer como algo perverso, o sencillamente inexistente. La segunda desde un enfoque histórico ahondó en los vínculos que existen entre los procesos de formación de los partidos en Colombia y los episodios de violencia que aún persiguen a la sociedad colombiana.

En la jornada de la tarde, se dieron las ponencias relacionadas con el problema de la paz en Colombia y La justicia transicional. La primera se llamó Consecuencias de la extradición en el proceso especial de Justicia y Paz a cargo de Adriana Romero, quien llamo la atención de cómo una herramienta de cooperación internacional para la lucha contra la impunidad, como lo es el instituto de la extradición ha servido en este particular caso para dejar claro que las prioridades del Estado colombiano ha sido los compromisos con los Estados Unidos en materia de lucha contra el narcotráfico. Se le dio menos importancia a las víctimas que han dejado los miembros de las AUC en su devenir criminal. El único punto en común entre víctimas y victimarios de las AUC ha sido precisamente que la extradición de los mayores cabecillas tuvo como propósito entorpecer las averiguaciones a partir de las versiones de los jefes de dichos grupos.

Luego se presentó la ponencia titulada Víctimas en Colombia: ¿El Estado como garante o transgresor de derechos? de los jóvenes investigadores Rosa Angélica Pino y Esteban Rojas, para quienes la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras no es más que un acto de legitimación de la realidad de las víctimas, reduciendo éstas a meros datos estadísticos. Su afirmación la soportan en los postulados biopolíticos de Michel Foucault y en el estudio de un caso en el que unas madres de Soacha demuestran a través del arte su indignación ante la sistematización narrativa de su tragedia.

Seguido, se presentó la ponencia La inteligencia de cara al posconflicto por parte del experto en la materia Luis Darío Buitrago Suescún. Mostró cómo una herramienta utilizada en escenarios de guerra para obtener ventajas estratégicas frente a los enemigos del Estado, puede ser de enorme utilidad para asegurar que determinados acuerdos derivados del proceso político hacia la paz que vive Colombia se materialicen. La inteligencia puede ayudar a que se efectivicen herramientas imprescindibles para la pacificación en Colombia, tales como la ley de tierras y la ley de víctimas. Así como arreciar la ofensiva ante actores militares que no se comprometan con el proceso.

Para cerrar la jornada, se expuso la ponencia llamada ¿Cuánta justicia?: legalidad y oportunidad en la justicia transicional, por parte de Ricardo Garzón Cárdenas. Según el ponente, una de las tantas talanqueras que se le ponen a las expectativas de paz del pueblo Colombiano es el de determinadas instituciones jurídicas que se venden a la opinión pública como inamovibles, tal es el caso del principio de legalidad. La justicia transicional se puede valer del principio de oportunidad para encontrar mecanismos que permitan avanzar en los procesos judiciales más importantes y, como lo ha hecho la fiscalía, priorizar al interior de determinados segmentos de los grupos armados al margen de la ley que se sometan a la justicia en el marco de un proceso de paz. No es un dogma del Estado de Derecho la oficiosidad de la acción, lo es la necesidad de impartir justicia, así sea en contextos de anormalidad, como los que ameritan la aplicación de modelos de justicia transicional.

La jornada del viernes se abrió con la ponencia Conflicto armado y derechos humanos, del profesor Alonso Ojeda Awad. Gran conocedor de las tensiones que surgen no solo en los procesos de paz en el mundo, sino los que ha vivido de manera exitosa o fracasada Colombia, hizo una exposición detallada de cada uno de los temas importantes y cruciales que están en la agenda de negociación que hoy realizan el Gobierno colombiano y la guerrilla de las FARC. Una verdadera pedagogía del proceso de paz.

En la misma línea se presentó la ponencia Derechos humanos, conflicto armado y justicia transicional de Jaime Patiño Santa. Para quien cualquier proceso de paz debe partir de la observancia de la historia de formación de cada una de las guerrillas, verificando que las lógicas con que éstas nacieron fueron distintas y ponían en evidencia conflictos de diverso orden. Ya en el plano de la denuncia y la investigación socio jurídica, se realizó la ponencia Crímenes de guerra en niños, niñas y adolescentes por parte de Misael Tirado Acero. Para el sociólogo existe un andamiaje jurídico e institucional que busca la exclusión de los menores de edad de los conflictos militares, pero contrastando con múltiples indicadores y cifras se puede verificar la inobservancia de esta política que formalmente está bien planteada.

La jornada tuvo un paréntesis temático para ver la disertación Sistema de enjuiciamiento acusatorio e igualdad de armas, teleconferencia del profesor Ignacio Tedesco. Tras una descripción de las tradiciones jurídicas en las que se enmarcan los modelos inquisitivos y acusatorio de enjuiciamiento penal, mostró la existencia de tensiones permanentes entre lo acusatorio y lo inquisitivo en los procesos penales modernos. Finalmente, reflexionó sobre el papel que cumple el principio de igualdad de armas en el proceso penal, así como el papel de la defensa, en especial la defensa pública, en un esquema acusatorio que dé reales garantías al debido proceso de los acusados.

En la tarde del viernes se abrió la jornada de Debates en torno a la criminología. La primera ponencia fue Problemas del enfoque epistemológico, según las distintas corrientes de la criminología, a cargo de Germán Silva García. Describió las cuatro versiones distintas que existen sobre los objetos de estudio de la criminología. Para esta exposición utilizó una gráfica de estas cuatro concepciones en su definición, a partir de la importancia que se le concede o niega a dos variables: las acciones sociales con relevancia penal y las estructuras sociales o institucionales del sistema penal. a) La criminología tradicional, que no estudia las estructuras sociales que intervienen en el sistema penal, pues solo se le reconoce importancia a las acciones sociales que se consideran natural o esencialmente criminales; b) La criminología crítica, que le resta importancia a las acciones sociales para enfocarse en el proceso de criminalización a instancias de las instituciones que detentan el poder punitivo; c) La teoría ecléctica que recoge las posturas anteriores, que implican una contradicción insalvable en el sentido que se reconocen acciones esencialmente criminales y que el delito es producto de una definición política. Por último, d) Expone la teoría integradora, a la que se adscribe el ponente: hay acciones sociales, no natural o esencialmente, relevantes para el sistema penal que se consideran divergentes respecto a grupos sociales que pueden hacer dicha definición y el funcionamiento selectivo del sistema penal. Dos caras intercomunicadas de la misma moneda.

Siguió la ponencia Política criminal en América Latina y la necesidad de una nueva criminología: ¿qué ha cambiado en 20 años?, a cargo de la profesora brasileña Andrea Tourinho. Los países de Latinoamérica, particularmente los del Cono Sur, tienen problemas comunes en su intento de reducir la criminalidad. Una ideología de “Ley y Orden” se ha abierto campo conduciendo a medidas de represión cada vez más agresivas, como los intentos permanentes de reducir la edad de responsabilidad penal para extenderla a los adolescentes y a los niños. Igual se predica de las tentativas constantes de criminalización de la pobreza.

Seguidamente, se presentó la ponencia Construcción de factores de alianza y seguridad en Colombia que contribuyan a la erradicación del crimen y el castigo, de Over Serrano. Con una óptica de paz y posconflicto, disertó sobre el paradigma de seguridad humana que debe enfrentar el desafío de una criminalidad nueva o mutada, una vez se celebren los acuerdos que lleven a una solución negociada del conflicto. La clave es pasar de una seguridad nacional a una seguridad ciudadana, de una seguridad militar, en la cual el mayor actor es el Ejército a una seguridad humana administrada por una policía que ejerza un control de orden administrativo.

Para cerrar la jornada, se dio la ponencia La criminología crítica hoy, expuesta por Alejandro Gómez Jaramillo. La ponencia pretende entrar en la discusión de la manida “crisis de la criminología crítica”. Responde a las críticas que se le hicieron en su momento a la criminología crítica, mostrando que las objeciones que se le han hecho posiblemente se puedan replantear de manera más adecuada. En la línea de Foucault, Deleuze y Nietzsche, plantea que se puede deconstruir la realidad jurídico penal, entendiendo lo penal como un dispositivo, una porción de la realidad que constituye lo penal, compuesto por discursos, prácticas y lugares donde ocurren estas prácticas. En esa línea, la criminología crítica supera la acusación de ser una concepción criminológica ideologizada, para dar elementos claros de estudio de lo penal como dispositivo.

El sábado se arrancó una nueva jornada relativa a Políticas penales. La primera ponencia titulada Políticas penitenciarias nacionales, estuvo por cuenta de Alfonso González López. Hizo una descripción de las causas que han influido en el problema del hacinamiento carcelario y los déficits en el combate de la criminalidad: el populismo punitivo, las políticas penales incongruentes y la desproporción del castigo respecto a la gravedad de las infracciones. La Ley 1709 de 2014 ha sido un paliativo a esta situación, particularmente por el uso de un enfoque diferencial y la relevancia que se le ha dado a la dignidad humana como pilar fundamental del Estado.

En seguida, el profesor brasileño René Silva Almeida expuso Segurança pública x aprisonamento. En una impactante muestra de la realidad penitenciaria del Brasil, comentó la tendencia de centrar el problema de la seguridad pública en el encarcelamiento y no en políticas de control ciudadano y resolución de problemas sociales de marginalidad. El populismo punitivo, llamado por el ponente “las leyes del pánico” ha venido generando en Brasil una de las poblaciones carcelarias más grandes del mundo. Además de convertir a las cárceles en centros de formación para el delito, desvirtuando en la práctica la aspiración ilusa de que la cárcel sea una herramienta de socialización.

Posteriormente, se presentó la ponencia El daño colectivo en la justicia transicional, a cargo de Marlon Díaz. Tras exponer las nociones de daño individual, grupal y colectivo, expuso cómo en las diversas tragedias humanitarias que ha vivido Colombia se ha visto la necesidad de restablecer a las comunidades respecto a ciertos daños que se pueden distinguir conceptual y materialmente de aquellos daños sufridos por cada una de las víctimas de los grupos armados al margen de la ley. La reparación adecuada de estos daños es la mejor manera de garantizar la reparación del tejido social de aquellas comunidades que quedaron lesionadas tras operaciones de guerra en el marco del conflicto armado interno colombiano.

La jornada continuó con la ponencia La administración de justicia penal, como función pública, de Carlos Eduardo Castañeda Crespo. Tras explicar con sumo detalle la actividad física e intelectual que se debe desarrollar para llevar la acusación a los estrados judiciales, llamó la atención sobre los problemas que hoy hacen extremadamente ineficaz a la justicia penal colombiana. En buena medida la incoherencia legislativa, producto de los frenesís entre medidas populistas de agravación punitiva y políticas de disminución de la población carcelaria, son las responsables.

El encuentro fue cerrado con la ponencia La justicia transicional como herramienta para la obtención de la paz en Colombia, de los jóvenes investigadores Juanita Barros, Lina Isaza y Andrés González. Existen dos concepciones radicalmente contrapuestas respecto al papel que cumple el derecho respecto a las intenciones de paz en Colombia: la que afirma que es un obstáculo insalvable en la medida que los compromisos internacionales adquiridos por Colombia en materia de Derechos Humanos lo impiden o, la segunda, que el derecho es, precisamente, una herramienta para la consecución de la paz. Esta última postura es la defendida por los ponentes. La justicia transicional es la herramienta. Las implicaciones teóricas y prácticas de esta herramienta permiten a los ponentes responder cada una de las críticas más importantes que desde el plano jurídico se le puede hacer al intento de conseguir la paz.

De toda esta experiencia se editará el libro de memoria que esperamos vean la luz en los próximos meses. La publicación será a manera de e-libro de consulta y descarga gratuita con el sello editorial del ILAE, que tiene su fondo bibliográfico indexado en el Book Citation Index (BCI) de Thompson Reuters. La editorial del ILAE es la única institución colombiana y una de las cinco latinoamericanas en tener dicho reconocimiento.

Muchas gracias a todos los que lo hicieron posible el encuentro,


Ricardo Garzón Cárdenas
Coordinador General