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Lanzamiento del libro Actos urgentes en las ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias. Aproximación conceptual y análisis de casos en el conflicto armado no internacional en Colombia
Si bien Colombia ha sufrido una violencia hegemonizada generada por diferentes factores socioculturales, económicos, políticos y religiosos, entre otros, el reconocimiento del conflicto armado interno en la primera administración del Presidente JUAN MANUEL SANTOS (2010-2014) posibilitó tomar medidas encaminadas a una paz negociada, sobre todo en el marco de una justicia transicional y restaurativa que ha permitido consolidar la memoria histórica, hecho esencial para la reconstrución del tejido social, ante el desborde en las actuaciones de sus actores (insurgencia, contrainsurgencia, Fuerza Pública) o la inercia u omisiones del Estado y de sus administradores en materia de protección y garantía de los derechos fundamentales de sus conciudadanos en un Estado social de derecho que esta llamado a priorizar y cumplir principios constitucionales y derechos fundamentales; por tanto, un concepto primordial a tener en cuenta en la responsabilidad del Estado es el de memoria jurídica en el entendido de integrar la justicia a la memoria histórica mas allá de iniciativas de verdad, reparación integral, resarcimiento y garantías de no repetición, que deben dar cuenta del acceso real y efectivo a oportunidades, a la inclusión y al pleno disfrute de derechos.
La disputa por el poder político, económico y territorial, ha conllevado una lucha, confrontación y perpetuación del conflicto social trascendiendo de lo ideológico a lo intimidatorio mediante la violencia sicológica y física de una población desprotegida y vulnerada constantemente como lo es la población civil que poco o nada tiene que ver con el conflicto bélico o armado en el país.
Autores como ORLANDO FALS BORDA, DANIEL PACAULT, ÁLVARO TIRADO MEJÍA, FERNANDO CUBIDES, MARIO AGUILERA O DARÍO FAJARDO, entre otros, han dado cuenta del conflicto que ha suscitado la tenencia y concentración de la tierra por grupos de poder que han utilizado diferentes mecanismos, entre ellos el desplazamiento forzado, las extorsiones, los asesinatos selectivos, las masacres, para apropiarse de territorios estratégicos, coadyuvados o bajo la complicidad del mismo Estado. Desde este contexto se parte sin lugar a dudas del cuestionamiento de la legitimidad de los representantes de la función pública y de sus instituciones, lo mismo que del reparo a la legalidad, la validez y la eficacia en su accionar.
El análisis de la violencia y del conflicto social que se ha encrudecido por el no acceso a la justicia, a la educación, a la salud y lo que implica en sí la seguridad social y el acceso a las oportunidades laborales de la mayoría de la población colombiana, son situaciones concomitantes que no se deben desconocer, no sólo ante un posible acuerdo de paz y una eventual solución al conflicto armado, sino ante las dinámicas trasgresoras y punibles de la delincuencia común y el crimen organizado.
Las lógicas de seguridad del Estado han partido de manera equivocada desde una carrera armamentista y del incremento en el pie de fuerza pública que para el 2015, oscila en alrededor de 500.000 miembros activos, hechos que se evidencian desde el mismo Plan Colombia y el posterior Plan Patriota, en la lucha de protección del territorio y de las fronteras, sumado a la lucha de las Fuerzas Armadas y de Policía contra el narcotráfico, la contrainsurgencia, la insurgencia, la delincuencia y el crimen organizado, descuidándose desde la política pública aspectos sociales, culturales y económicos para poblaciones vulneradas y vulnerables en contextos rurales y urbanos (campesinos, indígenas, negritudes, desplazados, desempleados, etc.), en contravía -sin entrar en el asistencialismo y el paternalismo del Estado-, se hubiese podido priorizar la seguridad humana, el territorio humano y la persona humana como eje fundamental de la política pública enmarcada en la seguridad ciudadana y no traslapada en la política criminal.
El partir de reconocer las equivocaciones, los excesos o las omisiones de la fuerza pública, conllevaría a una paz sin impunidad, es decir asumir responsabilidades que vayan mas allá del perdón y el olvido, de la antropología del dolor, de la resiliencia, de la memoria histórica, articulados en una memoria jurídica en que la trasparencia juegue un papel nuclear, no en un sistema penal militar cuestionado o cuestionable, sino en el que una justicia ordinaria entre a operar con garantías plenas, teniendo en cuenta que los miembros de fuerza pública en el cumplimiento de su deber no puede renunciar a sus derechos fundamentales ni pasar por encima de los de los demás, y se repare integralmente desde el Estado posibilitando la verdad, la justicia, el resarcimiento, la restauración, la reparación integral y la inclusión social desde el andamiaje estatal y desde la sociedad civil.
Si bien existe todo un marco normativo, jurisprudencial y de ratificación de instrumentos internacionales a partir del bloque de constitucionalidad, las Leyes de Tierras, de Justicia y Paz, de Víctimas, y las diferentes sentencias de las Altas Cortes, no han logrado sus propósitos ante la plena efectivización en el cumplimiento, en el restablecimiento y la reparación integral de derechos, sobre todo en lo referido a los grupos poblacionales de mayor protección como lo son los niños, niñas y adolescentes.
Desde esta óptica, se espera en una fase del posconflicto un trabajo pensado frente al tema del reconocimiento que existe hoy por hoy de las víctimas y, entre ellas, de los grupos poblacionales mayormente vulnerados, que debe estar cimentado en un proceso de credibilidad y construcción de mejores condiciones de vida en sociedad, para lo cual hay que tener claro la superación de estadios históricos del conflicto, la responsabilidad de sus actores y del Estado por la acción u omisión en materia de garantismo y protección.
Proponer estrategias de trabajo, educación, sustento y seguimiento social, psicológico, familiar, o la participación en escenarios políticos, la rendición de cuentas ante la justicia ordinaria nacional e internacional a los actores que hicieron parte del conflicto armado, es un reto de redimensionamiento de las políticas estatales, donde su incorporación a la vida civil tendrá injerencia dentro concepto de institucionalidad estatal.
Romper paradigmas no es cosa fácil, pero nunca es imposible, si bien es cierto que con la Ley 975 de 2005, “Ley de justicia y paz”, se crea con el objetivo de garantizar y facilitar los procesos de paz en Colombia, así como la reincorporación personal o colectiva a la vida civil de miembros de grupos armados al margen de la ley, con el fin de garantizar los derechos que tienen las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación, dicho planteamiento se sustenta políticamente en que se trata de un proceso de justicia transicional, encaminado a la reconciliación nacional.
La expresión justicia transicional hace referencia a los procesos a través de los cuales se realizan transformaciones radicales de un orden social y político, bien sea por el paso de un régimen dictatorial a uno democrático o bien por la finalización de un conflicto armado interno y la consecución de la paz. Lo que se busca con la aplicación de la justicia transicional es impedir que los hechos acaecidos vuelvan a suceder, en este sentido no solo la justicia ordinaria esta llamada a tomar acciones puntuales frente a las ejecuciones extrajudiciales perpetradas por la fuerza pública, que se han dado en conocer como “falsos positivos”, sino el mismo Estado en cuanto a la integración gradual de sus miembros a la sociedad civil, por tanto la reflexión que suscita el presente texto de JAIRO ORÓSTEGUI puede dar pautas para los lineamientos en la efectivización de la política pública y en el garantismo jurídico en un Estado social de derecho.
Hoy por hoy, se hace indispensable establecer, reformar y hacer cumplir los protocolos aceptados internacionalmente para el aseguramiento de las escenas de crimen, que hace imprescindible contar con los equipos mínimos indispensables para la preservación y catalogación de las pruebas dejadas en el lugar del suceso, así como que estas actividades sean realizadas por personal idóneo, situación que facilitará el acceso real a la justicia, una vez se firme la paz en Colombia, dado que parte del proceso de verdad será muy de seguro la recuperación de restos de personas desaparecidas, sean de la sociedad civil o caídos en combate y el que familias e interesados conozcan lo más posible qué sucedió con sus seres queridos. De ahí la importancia de este libro, donde se trasluce el peso que tiene la adecuada recolección de evidencia con miras a conocer la verdad.
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