logo spinner

Noticias:

Lanzamiento del libro Dos nuevas perspectivas del control fiscal: El control preventivo y la fiscalización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible

El Fondo Editorial del ILAE acaba de lanzar bajo una licencia Creative Commons el libro electrónico Dos nuevas perspectivas del control fiscal: El control preventivo y la fiscalización a los Objetivos de Desarrollo Sostenible, ISBN 978-958-7532-00-7 del docente-investigador Julián Mauricio Ruiz Rodríguez.

El control fiscal en Colombia constituye una de las funciones públicas más importantes que se ejercen en el Estado, por la relevancia que implica velar por la protección de los recursos públicos que a través de la gestión fiscal se utilizan para alcanzar los fines esenciales del Estado, o en su recuperación, en los casos en los que se ha generado una afectación al patrimonio público.

Su evolución a lo largo del tiempo en nuestro país ha tenido cambios significativos, lo cual ha permitido que el espectro y alcance de las actuaciones de vigilancia y control fiscal que adelantan las contralorías territoriales, la Auditoría General de la República y la Contraloría General de la República, se encuentren hoy en día desarrolladas en un régimen constitucional y legal mucho más estructurado en el que se han depurado las falencias del pasado y que plantea un nuevo control fiscal enmarcado en los principios de eficiencia, eficacia, equidad, economía, concurrencia, coordinación, desarrollo sostenible, valoración de costos ambientales, efecto disuasivo, especialización técnica, inoponibilidad de la información, tecnificación, integralidad, oportunidad, prevalencia, selectividad y subsidiariedad.

En ese sentido, se tuvo un modelo de control fiscal que en el marco de la Constitución de 1886, se regía bajo la Ley 42 de 19 de julio de 1923, el Decreto 911 de 23 de mayo de 1932, el Acto Legislativo 01 de 18 de junio de 1945, así como la Ley 20 de 28 de abril de 1975 y el Decreto 925 de 11 de mayo de 1976, en estos últimos se definió el ejercicio del control fiscal previo en el que los órganos de control fiscal asistían a juntas o comités de licitaciones o adquisiciones y de compras de las entidades, emitían concepto previo sobre los procesos contractuales y se autorizaban pagos, es decir, una total coadministración.

Luego con la Constitución Política de 1991, teniendo en cuenta las falencias y la coadministración que implicaba el control fiscal previo, el constituyente determinó que el modelo de control fiscal sería posterior y selectivo de la vigilancia de la gestión fiscal y el control de resultado de la administración, delimitando el ejercicio del control fiscal a un momento posterior a la administración de los recursos, bajo un criterio selectivo. Este modelo se desarrolló en las leyes 42 de 26 de enero de 1993, 610 de 15 de agosto de 2000 y 1474 de 2011, en las que se definieron los aspectos que caracterizan este modelo de control fiscal y el trámite de los procesos de responsabilidad fiscal.

Por último, con la reforma constitucional que introdujo el Acto Legislativo 04 de 18 de septiembre de 2019, se realiza un cambio significativo al control fiscal en Colombia, en el que se establece el nuevo modelo de control fiscal concomitante y preventivo que ejerce de manera exclusiva la Contraloría General de la República, complementario del control fiscal posterior y selectivo, que se realiza en tiempo real a través del seguimiento permanente de los ciclos, uso, ejecución, contratación e impacto de los recursos públicos, mediante el uso de tecnologías de la información, con la participación activa del control social y con la articulación del control interno, y se materializa por medio de una advertencia del Contralor General de la República al gestor fiscal sobre los riesgos de pérdida o afectación al recurso público identificados, la cual no es vinculante y no implica veto o aprobación de decisiones de los gestores fiscales.

Así las cosas, en el presente capítulo se pretende hacer una exposición de los principales cambios que se dieron al control fiscal en Colombia a través de la reforma constitucional consagrada en el Acto Legislativo 04 de 2019 recién citado, en especial las características, la relevancia y el impacto del nuevo control fiscal concomitante y preventivo de la Contraloría General de la República en la protección del patrimonio público, su desarrollo a través de mecanismos de seguimiento permanente al recurso público y su materialización por medio de la advertencia al gestor fiscal.

En septiembre de 2015, 193 países adoptaron la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible –ods–, una agenda global cuyo objetivo es poner fin a la pobreza, proteger el planeta y garantizar que todas las personas gocen de paz y prosperidad, agenda con la cual se pretende concluir lo iniciado por los Objetivos de Desarrollo del Milenio –odm–, ampliar su alcance y evitar repetir los errores cometidos en su implementación, que llevaron a que a 2015 no se cumplieran las metas establecidas en el año 2000 para ellos.     

Dado que desde 2010 se advertía que varias de las metas de los odm no se alcanzarían, se empezó a discutir sobre las medidas adicionales requeridas para avanzar en una agenda de desarrollo más allá de 2015, proceso en el que, entre otras cosas, se identificó la necesidad de la intervención de las Entidades Fiscalizadoras Superiores –efs– en el seguimiento, control y evaluación de la implementación de la Agenda 2030 y de los ods para impulsar el logro de las metas acordadas con un plazo previsto a 2030. Por esta razón, la Organización Internacional de Entidades Fiscalizadoras Superiores –intosai, por sus siglas en inglés–, en asocio con la Organización de las Naciones Unidas, estableció cuatro enfoques para la fiscalización de los ods a partir de los cuales las efs pueden contribuir al logro de sus metas, y definió otras acciones a desarrollar para apoyar la labor de las efs en este propósito.

En este capítulo se explica en qué consiste la fiscalización a los ods y su aplicación en el país. Para tal fin, este escrito se divide en cuatro secciones. En la primera, se presenta una descripción de la Agenda 2030, de sus características y de sus principios. En la segunda, se explican los fundamentos y enfoques definidos por la intosai para fiscalizar los ods y algunas de las acciones a partir de las cuales esta ha promovido su implementación por parte de las efs. En la tercera, se analiza la competencia de la Contraloría General de la República –cgr– para fiscalizar la implementación de los ods en el país, se ilustra la aplicación de los enfoques para la fiscalización a los ods de la intosai en la cgr y se abordan algunas consideraciones sobre esta fiscalización en Colombia. En la cuarta sección se presentan las conclusiones.

La obra se encuentra disponible para consulta y descarga gratuita en Publicaciones>Libros electrónicos.