En una ceremonia realizada en el Salón de Actos, la Prof. Dra. Mónica Pinto asumió como Decana para el período 2010-2014. Junto a ella estuvieron presentes el Vicedecano electo Dr. Alberto J. Bueres, el Decano saliente Dr. Atilio Alterini, el Vicedecano saliente Dr. Tulio Ortiz, el Rector de la UBA Dr. Rubén Hallú, el Presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Dr. Ricardo L. Lorenzetti y autoridades y profesores de nuestra Casa y de la Universidad.

En primer término, el Decano saliente, Dr. Atilio A. Alterini, hizo referencia a la publicación del informe de gestión del período 2002–2010 y destacó la adjudicación de las Rondas Nacionales del Concurso Phillip C. Jessup de Derecho Internacional por parte de la representación estudiantil de la Facultad.

Asimismo, agradeció a la Dra. Mónica Pinto, Decana electa, quien lo acompañó en su primer período para luego pasar a ser Presidenta del Directorio de Eudeba, y al Vicedecano de los últimos cuatro años de gestión, Dr. Tulio Ortiz, que estuvo a su lado en momentos difíciles y ha cumplido con mérito, desempeño y decisión en todas las funciones designadas.

En la misma línea, recordó a su equipo de gestión que “permitió que pueda culminar este período de ocho años, muy satisfecho con los resultados obtenidos”, y a los que han desempeñado las distintas secretarías, a los claustros de profesores, de graduados y estudiantes, ya que todos confluyeron en la tarea creativa y, especialmente, a los No Docentes que, con su dedicación, aplicación y esmero, han permitido que se dieran clases regularmente y que los índices de seguridad y pulcritud de esta Casa sean aceptables.

Entretanto, estimó que se enarboló los postulados reformistas de la Universidad pública, recogidos por la Reforma Constitucional de 1994, siendo “laica, gratuita, abierta, plural, participativa, democrática y progresista, autónoma y autárquica, que garantiza el derecho humano a la educación mediante la calidad y excelencia de la enseñanza, la libertad académica, de expresión y de investigación, cumpliendo así los cometidos esenciales de la enseñanza, de la investigación y de la extensión universitaria, siempre enalteciendo la libertad de pensar, de opinar, de disentir”.

No obstante, examinó que la Facultad de Derecho se enorgullece de preparar abogados, no sólo para grandes estudios o empresas grandes, sin que, también, se los perfecciona en clínicas jurídicas, en asesoramiento, en mediación, en arbitraje, en el litigio, en la enseñanza, en la investigación, en la docencia, en el notariado, en la diplomacia, en la empresa, en fin, en la función pública, por ende dicha Casa le ha dado a Republica quince presidentes.

Finalmente, destacó el reclamo, ansioso, actual de la sociedad argentina, sobre la institucionalidad y dijo que “el derecho es la estructura necesaria e imprescindible para proveer esa institucionalidad, y para garantizarla, y nuestros egresados son sus operadores”, teniendo que constituir el eje de los ajustes y transformaciones, para otorgar plenitud al Estado de Derecho, y así, efectivizar la posibilidad del acceso a la justicia para todos los habitantes de la Nación.

A continuación, hizo uso de la palabra la Decana de esta Facultad Prof, Dra. Mónica Pinto, quien destacó la persona del Vicedecano de esta nueva gestión, Dr. Alberto J. Bueres, e indicó que la Universidad -y nuestra Facultad- no puede ser pensada solamente en función de la producción de conocimientos; “la Universidad es también, y muy especialmente, un centro de reflexión, un ámbito donde se construyen concepciones del mundo, un lugar en el que debe comprenderse lo que pasa en la realidad”, aseguró. En este orden de ideas, observó que desde la Facultad es necesario promover el respeto y la defensa de los Derechos Humanos y caracterizó la enseñanza del Derecho en esta Casa en un contexto de educación pública, laica y gratuita. Resaltó entonces que si bien se trata de una institución prescindente en materia ideológica, política y religiosa, no se desentiende de los problemas sociales, políticos e ideológicos; “existe un compromiso con la democracia, con el respeto a la Constitución y de las instituciones republicanas”, remarcó. Añadió también que “nuestro compromiso es con la autonomía universitaria, el cogobierno y la gratuidad de la enseñanza universitaria de grado”. Planteó entonces el interrogante sobre qué Derecho se enseña en esta Facultad, considerando que el objetivo del ciclo profesional común consiste en una sólida formación jurídica básica, con una visión multicultural del mundo y una clara conciencia del papel del Derecho como regulación social y como garante de la libertad de la dignidad y libertad de las personas. “El entrenamiento en el arte de pensar en Derecho es la dinámica que permite formar juristas aptos para enfrentar un mundo de relaciones complejas y desafiantes”, expresó.

Asimismo, añadió que la posibilidad de ingresar en las especificidades de las distintas ramas del Derecho y, al mismo tiempo, el acceso a las problemáticas más recientemente planteadas cumple con los requisitos del ciclo profesional orientado. Cuestionó, por otra parte, la manera de enseñar el Derecho, analizando que este, como orden jurídico, evoluciona con la sociedad cuya relaciones rige, por lo cual “aprender Derecho no es memorizar normas, es entender su lenguaje, su dinámica, su lógica y su adecuación a la realidad que regula”, destacó. En virtud de ello, estimó muy importante la óptica pedagógica por la calidad del aprendizaje y por su permanencia, ya que se tiende a que el graduado salga de esta Casa y afronte nuevas realidades y nuevos contornos jurídicos, para estar en condiciones de saber cómo reaccionar. En este sentido, propuso seguir elevando la calidad de la enseñanza y del aprendizaje como decisión personal e institucional. Recordó entonces que esta Facultad inició sus prácticas de intercambio estudiantil, a nivel internacional, en los albores del siglo XXI y mencionó que la participación de financiación privada a través de fondos para becas que sustentan estas estadías de intercambio deberían permitir que los candidatos sólo se preocupen por el nivel de su educación, lo cual no sólo redundaría en beneficio de quien obtenga las mejores calificaciones, sino también de toda la comunidad del Derecho. Hizo referencia, del mismo modo, a la construcción de proyectos de investigación y trabajo comunes con otras instituciones, la oferta de posgrados específicamente diseñados para poder combinar estudiantes locales y extranjeros, y la celebración de eventos internacionales. Instó, también, a investigar más y en mejores condiciones. “El derecho se infiltra en la inmensa mayoría de nuestros actos cotidianos, por lo tanto, debe existir una política más activa en el ámbito público y privado, nacional e internacional, de modo de financiar proyectos que en definitiva mejoren la calidad de vida de los individuos”, enunció.

Con respecto a la función de extensión de la Universidad pública Argentina, indicó que pone en ejecución la política de retribución, se encarga de devolver a la sociedad que la financia un aporte con alto valor agregado y aludió a la actividad primaria de extensión universitaria que en la Facultad de Derecho es el servicio de asesoramiento y patrocinio jurídico gratuito, es decir el curso de práctica profesional, que es obligatorio para todos los estudiantes de la carrera de Abogacía, y que por esa misma razón cae también bajo la órbita académica.

Comentó además que el Centro de Graduados de la Facultad viene organizando cursos de actualización para abogados, lo cual permite instalar el criterio de la capacitación continua. Por otra parte, hizo referencia a que el posgrado de la Facultad ofrece un panorama que incluye maestrías, carreras de especialización, programas de actualización y cursos independientes. En este sentido, opinó que una integración de esa oferta, con criterios de articulación entre las diferentes propuestas, debería maximizar resultados y disminuir cargas administrativas, permitiendo además una mayor participación de los profesores regulares. En cuanto al doctorado, explicó que siendo el título más alto que otorga la Universidad, llama a una articulación con las maestrías y especializaciones, de modo de asumirse como el tercer peldaño de la educación universitaria.

Entendió entonces que se debe recuperar el abordaje de los grandes temas nacionales con un enfoque universitario, agregando que los profesores de la Facultad expresan los más variados puntos de vistas. Además, estimó que la educación pública reclama el deber de asistir al ciudadano, al contribuyente, en el esclarecimiento de los temas del Derecho que tendrán incidencia en su vida.

A su vez, postuló que “la Universidad es un actor social importante, si en ella el mérito es el criterio para tomar la palabra y producir la enseñanza, la democracia es el criterio del alcance de su saber; nos proponemos trabajar para que la educación pública sea realmente educación para todos”. De tal modo, aseguró que se continuará con el programa de becas, se van a buscar los modos de asistir a los estudiantes en la salida laboral y se contribuirá a su perfeccionamiento profesional.

Finalizando con su plan de trabajo, requirió la participación plena de todos para que puedan canalizarse todas las iniciativas que permitan cumplir los fines de la Facultad.